Los préstamos y avales del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) han dejado temblando al banco público del Consell, que ha visto como su riesgo ha crecido hasta superar los mil millones de euros. Con fecha 31 de diciembre de 2015 el IVF cerraba con un riesgo total de 1.017 millones por préstamos y avales concedidos al sector público de la Generalitat así como a otras entidades públicas cuyo cobro es dudoso. Sin ir más lejos, la entidad da por perdidos prácticamente los 39 millones que adeuda la Institución Ferial Alicantina, a los que habría que añadir un aval de 3,5 millones de euros. El informe del Síndic de Comptes especifica que se trata de un préstamo «deteriorado en su totalidad, dadas las escasas posibilidades de cobro», dando por hecho el IVF que el riesgo no la va a asumir la Generaliat.
El riesgo del Instituto que dirige Manuel Illueca por los préstamos concedidos a entidades de la provincia de Alicante no se quedan ahí, ya que las deudas de la Ciudad de la Luz, que alcanzan los 9 millones de euros, también están catalogadas de «dudosa» devolución. No obstante, el grueso de los 1.017 millones de riesgo se lo lleva la administración autonómica. De los 688 millones que corresponden a créditos destacan los préstamos a la Generaliat por valor de 395 millones. Esta cifra supone el grueso de los créditos, aunque también habría que sumar los préstamos a la Epsar por 130 millones y los efectuados a la Fundación Jaume II por 11 millones.
De otra parte, los 329 millones de riesgo correspondientes a avales, destacan los 246 millones de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), los 36 millones de la Entidad de Infraestructures de la Generalitat (EIGE) y los 17 millones de la Entidad Pública de Saneamiento de la Generalitat Valenciana (Epsar), así como un aval de 7,6 millones a Feria Valencia. Además, según el informe de la Sindicatura, existe el compromiso de conceder un aval a la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad por 1,3 millones.
El documento señala que el patrimonio neto del IVF ha disminuido en los últimos años por las pérdidas acumuladas, que ascienden a 73,4 millones al cierre del ejercicio anterior. La Sindicatura observa irregularidades en contratos celebrados en 2015, algunos en la etapa en la que todavía estaba vigente el gobierno del PP de Alberto Fabra y otros con el nuevo Consell. Destaca el servicio de vigilancia y seguridad, así como el fraccionamiento de contratos. Otra alerta resaltada en el informe es que la limpieza y parte de los servicios de seguridad (hasta junio de 2015) se prestó mediante contratos mensuales al haber finalizado en 2014 la vigencia de los dos contratos.
