La última reunión de la comisión de investigación que indaga la gestión de los últimos 12 años de gobierno de los populares en la Diputación de Alicante se cerró ayer con una petición: la de la comparecencia de la cúpula provincial de C's en este órgano fiscalizador para aclarar algunas «dudas» sobre varios contratos firmados por el Instituto Juan Gil Albert y la Agencia Provincial de la Energía durante 2009 y 2011, dos organismos dependientes de la institución provincial que fueron dirigidos por dos actuales cargos del partido naranja.

El diputado tránsfuga, Fernando Sepulcre, está pujando fuerte por su vendetta contra sus enemigos políticos, ambos miembros de C's, formación a la que Sepulcre perteneció hasta abandonarla el pasado mes de junio por desavenencias internas. Tras irse de C's al hacerse públicos los altos gastos en gasolina que pasaba al partido y su intento de «colarle» la reparación de su coche particular, el partido naranja amenazó con llevarle a la Fiscalía y el diputado no adscrito emprendió su particular cruzada sabiendo que su baza estaba en la comisión de investigación de los últimos 12 años del PP. Y la baza la quiere aprovechar y bien para ejercer su particular vendetta.

Hasta el momento, Fernando Sepulcre había reclamado a la comisión de investigación que preside Eduardo Dolón (PP) documentación sobre los contratos del Gil Albert y la Agencia Valenciana de la Energía durante el tiempo que tuvieron al frente a Francisco Sánchez y a Emigdio Tormo respectivamente. Tanto Sánchez -portavoz de C's en Elda y hombre fuerte del partido en la provincia- como Tormo -coordinador provincial de la formación- mantuvieron malas relaciones con Sepulcre durante su etapa como miembro de C's. Ambos fueron colocados al frente de los dos citados organismos autónomos durante la etapa en la que la Diputación estuvo presidida por José Joaquín Ripoll, que lideró la gestión del PP en la Diputación de Alicante más investigada por los tribunales. Ripoll está acusado junto a Enrique Ortiz en el caso que investiga presunta irregularidades en la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja y el fiscal le pide 16 años de prisión.

Más papeles

Sepulcre volvió a reclamar ayer una última tanda de papeles sobre contratos de ambos organismos y ya avanzó en la comisión que pedirá la comparecencia de Sánchez y Tormo si esta documentación «no aclara nada más». A preguntas de este diario el diputado no adscrito indicó que no va a hacer públicas las peticiones concretas pero que se trata de contratos que llaman la atención por su «continuidad y cuantía». «Si la documentación que he pedido no es suficiente, con toda probabilidad pediré en la siguiente comisión la comparecencia de Francisco Sánchez y de Emigdio Tormo», sentenció. Desde la Diputación de Alicante se informó ayer de que la próxima comisión tendrá lugar en el mes de enero.

Tanto Sánchez como Tormo han defendido firmemente ante este diario su gestión en los organismos dependientes de la Diputación y achacan los movimientos de Sepulcre a una venganza por discrepancias. Ambos han afirmado que no tienen problemas con que se investigue su labor, aunque lamentan que Sepulcre, con todo lo que se podría investigar, se centre exclusivamente en dos cargos actuales de su expartido.

Por su parte, el presidente de la comisión, Eduardo Dolón, que en todo momento ha entregando a Sepulcre la documentación solicitada sobre la gestión del Gil Albert y la agencia de la energía, convocó ayer la comisión con un escueto orden del día en el que figuraba reclamar a los grupos sus conclusiones sobre sus investigaciones y poner fin a este órgano fiscalizador. Sin embargo, los votos de Sepulcre y del portavoz de Compromís, Gerard Fullana lo impidieron. Fullana denunció que el PP intenta que la coalición de izquierdas desista de su trabajo a través de un «boicot» para dar carpetazo a la comisión. Compromís indaga la gestión del PP en materia de turismo, para lo que ha reclamado gran cantidad de documentación sobre el Patronato Provincial de Turismo y sus contratos con siete empresas que se remontarían hasta 2006, ligados la mayoría de ellos a Fitur.