El PP mantendrá exactamente igual sus estatutos que la propuesta de «líneas rojas» que aprobó en su anterior congreso de Sevilla con una redacción entonces de Alberto Fabra. El umbral para echar a un político afectado por corrupción será la apertura de juicio oral -el pacto con C's incluía que esa decisión se tomaría con la investigación- aunque cuando se produzca el procedimiento de la imputación se valorará, junto a la apertura del correspondiente expediente, la gravedad del sumario y si, en ese supuesto, se deben tomar otro tipo de medidas más duras, tal y como ya han hecho los populares en algunos asuntos durante los últimos años. P. r. f.
