La distribución de la inyección económica que la Generalitat Valenciana realizará en 2017 a los municipios alicantinos a través del Fondo de Cooperación Local -que prevé cuarenta millones de euros por parte del Consell para todo el territorio autonómico y otros cuarenta entre las tres diputaciones- ha permitido saber cuánto dejarán de percibir las 141 localidades que integran la provincia de Alicante al negarse la Diputación a sumarse a este fondo municipal. Los mayores ingresos en términos absolutos se corresponden con las ciudades de más población de la provincia -Alicante, Elche, Benidorm y Orihuela- aunque proporcionalmente serán los municipios más pequeños los que reciban más dinero del Consell.
El desglose oficial que ha realizado la Generalitat Valenciana sobre el destino de los 13,7 millones de euros que aportará refleja lo que los municipios dejarán de percibir por parte de la Diputación de Alicante por su negativa a sumarse al fondo de cooperación, ya que la cantidad que tendría que haber destinado la institución provincial en caso de haberse sumado al proyecto sería similar a la que va a hacer llegar el Consell.
Mientras que Alicante dejará de percibir 850.000 euros, Benidorm y Orihuela más de 400.000 euros cada una, Torrevieja 450.000 y Elche 700.000 euros, otros municipios de menos de cinco mil habitantes van a dejar pasar una inyección que en algunos casos alcanza los 50.000 euros. Por ejemplo, Els Poblets, con unos 4.000 habitantes, no ingresará los 57.000 euros de la parte que correspondería a la Diputación. En la comarca de L'Alacantí pequeñas localidades como Agost o Busot dejarán de percibir casi 75.000 euros en el caso de la primera y 55.000 en el caso de la segunda. En la Vega Baja pueblos como Daya Nueva, Granja de Rocamora, Benferri o Algorfa dejarán de ingresar subvenciones que van desde los 40.000 a los 62.000 euros. Otros municipios medianos de la provincia podrían haber recibido ayudas que oscilan entre los 257.000 euros, como el caso de Petrer, los 243.000 de Santa Pola, los 196.000 de Pilar de la Horadada, los 188.000 de la Nucía, 190.000 de Aspe o los 104.000 en Redován.
Pequeños pueblos de menos de 5.000 habitantes recibirán en las provincias de Valencia y Castellón el doble de dinero que en Alicante al sumarse ambas diputaciones al citado fondo autonómico. No obstante, desde el grupo popular en la Diputación de Alicante destacan que en el caso de Castellón no ha habido una partida habilitada para ese fondo, sino que una parte de los presupuestos para el año que viene ha recibido ese nombre. Cuestión de nomenclaturas para unos y cuestión de fondo para otros, ya que desde el Consell se insiste en que la institución alicantina está impidiendo que lleguen a los municipios alicantinos más de trece millones y medio de euros en base a una política de confrontación. «Dos diputaciones han buscado la fórmula de sumarse al fondo y la de Alicante no», señaló a este diario el director general de Administración Local de la Generalitat Valenciana, Toni Such, que ayer acusó a la Diputación bajo mando del PP de «discriminar» a los municipios alicantinos al no destinar el 5% de su presupuesto a esta aportación.
Reivindicación histórica
Los presupuestos autonómicos para 2017 cumplirán con una de las reivindicaciones históricas de los municipios de la Comunidad: la creación de un fondo de cooperación local al que se comprometió el Consell hace 17 años bajo la presidencia de Eduardo Zaplana, pero que sin embargo se ha incumplido de forma sistemática. Desde la Diputación de Alicante, donde ya se han aprobado las cuentas de 2017 con los votos del PP y el diputado tránsfuga Fernando Sepulcre, el grupo popular justifica su postura de no adhesión al plan financiero al que están sujetos los presupuestos del año que viene y el poco margen de maniobra. El portavoz del PP en la Diputación, Carlos Castillo, sostiene que los 73 millones que se irán a los municipios alicantinos con las cuentas del año que viene sí son un «auténtico» plan de cooperación municipal, al que habría que sumar los 20 millones que la institución prevé gastar en obras sostenibles con el remanente que tiene disponible del año pasado.
