Mónica Oltra: «Las empresas se iban hartas de tener que pasar por la "caja b" del PP. Ahora se cumple la ley»

Queremos que la Diputación de Alicante entre en una senda de colaboración institucional. Llevaba mucho tiempo intentando reunirme con César Sánchez, especialmente, por los temas de política social. Estamos aplicando muchas novedades. Alicante, la provincia que más retraso acumulaba en la Ley de Dependencia, ha sido pionera, por ejemplo, en el cambio que ha supuesto realizar las valoraciones a través de los servicios municipales. Y quería hablar con el presidente de la Diputación de colaborar en un plan de infraestructuras sociales. Las instituciones no se deben utilizar ni para hacer partidismo, ni carrera política... Son para cooperar, gobierne el que gobierne. Debe entenderlo todo el mundo. Yo llevaba mucho tiempo detrás de esa reunión. Pero pocos días antes de celebrarse me dijo que no. Así que aproveché el día para visitar dos centros de menores en Alicante. El trabajo que tenemos lo vamos a hacer igualmente.

¿Lo considera una continuación del boicot del PP al acto institucional del Consell para celebrar el Día de la Constitución en Alicante?

Hay un decreto del Consell que designa a Alicante como sede de Día de la Constitución con un sentido de bicapitalidad. No todo puede ni debe hacerse en Valencia. La Comunidad es todo el territorio. De norte a sur. Y no sé que tiene el PP ni contra la Constitución ni tampoco contra Alicante. Pero desde luego ese boicot fue muy claro y evidente. Es algo que ellos se tendrán que plantear.

¿En qué consiste para usted ese concepto de «bicapitalidad»?

En que todas las ciudades de esta Comunidad son fundamentales y, especialmente, las tres capitales. Y en el caso de esta provincia tanto Alicante como el eje que forma con Elche son muy importantes. Valencia no puede tener esa imagen centralista y centralizadora de los últimos años. Y se ha tenido que producir un relevo en la alcaldía para cambiar ese concepto. Hay que favorecer los equilibrios en todo el territorio no sólo con la inversión o con los presupuestos sino también en los símbolos. Ni se puede ni se debe celebrar todo en exclusiva en Valencia.

¿Vincula esa actitud del PP con el pulso que la Diputación de Alicante tiene con la Generalitat?

Lo único que les importa es el PP. Ahora, con sus líos y sus congresos, están viendo como utilizan las instituciones para tomar posiciones dentro de su propio partido. Eso no es bueno. Es una profunda deslealtad institucional y al final socava los cimientos democráticos. Y lo hace un partido como el PP que ha vivido tan de espaldas a la realidad como que Isabel Bonig llegó a reconocer que, por ejemplo, cuando ellos gobernaban, las ayudas a los municipios se daban en función del color político. De si gobernaban los suyos o no. Y lo dijo públicamente en un acto. Esto no puede funcionar así nunca más.

¿Entiende, por tanto, que la Diputación de Alicante está instalada en una batalla política?

Yo venía a hablar con el presidente de la Diputación de política. De políticas sociales y para Alicante. Es, por tanto, una batalla partidista. Y el PP está haciendo partidismo. Utilizan una institución en su propio beneficio. Y eso no puede ser.

Hablando de política social. ¿La Generalitat estaría dispuesta a asumir competencias que le corresponden y que, hasta ahora, gestiona la Diputación de Alicante?

Estoy dispuesta a que hablemos, dialoguemos y cooperemos. Yo soy consciente de que las políticas sociales son competencia de la Generalitat. Pero también de que debemos ser capaces de ponerlas en marcha entre todos: los municipios, las diputaciones y el Consell. Y con estas tres patas juntas podemos construir un modelo social sólido.

Y con todo este debate, se lo pregunto de una forma directa. ¿Debe desaparecer la Diputación?

Las diputaciones son instituciones que ya no son de nuestro tiempo. Lo que pasa es que, mientras existan, debemos colaborar. Las competencias de la Diputación las pueden asumir perfectamente los municipios y la Generalitat. Y no somos el único partido que lo plantea. Las diputaciones responden a una estructura territorial anterior a la Constitución y a una realidad social, incluso, que tiene poco que ver con la actualidad.

Cuando se produjo el cambio en la Generalitat hace ahora año y medio, usted dijo que la prioridad era atender la emergencia social. ¿Considera de verdad que están cumpliendo ese objetivo?

Sí. Rescatar a las personas era el primer eje del Pacte del Botànic. Y son políticas que no afectan sólo a una conselleria. Se están desarrollando de forma transversal: Sanidad, Educación, Vivienda, Economía... Hemos reforzado ese eje porque vivimos aún una situación de emergencia social con índices de exclusión por encima de la media de España; con miles de personas que se han quedado por el camino con la gestión perversa de esta crisis; y en la que las redes de protección social se habían debilitado de una forma intolerable. Y pongo un ejemplo aunque hay muchos: la compensación del copago de farmacia. Una medida que favorece a 900.000 personas que ya no tienen que elegir entre comer o medicarse.

Pero los datos no apuntan tampoco a una mejoría significativa...

La protección social sí ha mejorado. Otra cosa es que poco a poco notemos que este tipo de políticas también generan actividad económica. Cuando llegamos al gobierno había 46.000 dependientes sin atender. Ahora unos 20.000 ya se han integrado en el sistema. Y eso no sólo garantiza su atención sino que genera puestos de trabajo de cuidadores, plazas residenciales, sanitarios... Y eso poco a poco se va a ir viendo.

¿De qué se siente más orgullosa en este año y medio de mandato del Govern del Botànic?

A mi me generan mucha satisfacción todas las medidas del ámbito social. Pero también, por ejemplo, la XarxaLlibres, que es de Educación. Son actuaciones que mejoran la vida de los más vulnerables. Me siento muy orgullosa del Plan del Litoral con esa moratoria urbanística en nuestra costa, que es una oportunidad económica o paisajística. Nuestro territorio no puede servir para dar pelotazos sino para dar oportunidades a todos. Y eso es muy importante. Las medidas de transparencia, el plan de infraestructuras para eliminar barracones escolares o que la primera ley de este gobierno fuera la de función social de la vivienda... En perspectiva, son muchas cosas.

¿Y cuál es la prioridad para la segunda mitad del mandato?

Debemos seguir atendiendo la emergencia social y consolidando derechos. Cuando en agosto planteamos la remodelación del gobierno, reforzamos las políticas de empleo. Le dimos un impulso a la relación con Europa. La UE es un ámbito con muchas oportunidades y en el que se pueden conseguir muchos recursos. Y consolidamos el modelo social valenciano. Hasta ahora, hemos atendido las necesidades sociales. La segunda parte es generar un marco que consolide derechos y que, sobre todo, nadie se los pueda volver a arrebatar a la gente y mucho menos con la situación de corrupción generalizada que hemos vivido con una sinvergonzonería sin límites. Mientras con una mano se robaba con la otra se le estaban recortando los derechos a los ciudadanos.

¿Y la economía?

Estamos, como muchas veces dice el presidente Puig, superando la hipoteca reputacional. Esa mala fama que nos dejaron. Siempre hemos dicho que la corrupción se residenciaba en el PP, no en los valencianos. Hubo empresas que abandonaron este territorio. Se fueron hartas de que les pidieran «mordidas» y de que para invertir aquí tuvieran que pasar por la «caja b» del PP. Darle la vuelta a la situación está haciendo que haya empresas que estén volviendo. Ahora hay seguridad jurídica y se cumple la ley. Y se atiende a las inversiones de empresas serias que llegan para generar empleo, no a las que vienen a pegar pelotazos o a saquear las arcas públicas como tantas experiencias lamentables hemos tenido. Eso genera un clima de confianza que hace que ahora volvamos a ser un territorio atractivo para la inversión con varios proyectos en marcha y que esperamos vean la luz en los próximos meses.

¿Entiendo, por tanto, que ustedes dan por superada la grave crisis política, institucional, económica y moral marcada por la corrupción que afectaba a la Generalitat cuando llegaron al poder?

En parte. Cuando se habla de nuestra Comunidad, lamentablemente, muchas veces se sigue haciendo con referencia a un caso de corrupción de la etapa del PP. El último con las facturas del Hospital Provincial de Castellón: un «agujero» de 40 millones y cosas tan peregrinas como una factura de 90.000 euros en montar un belén. Un dinero que se podrían haber ahorrado para mejorar, por ejemplo, los centros de menores de Alicante. Esto hace que esa recuperación sea lenta. Pero lo vamos a conseguir. Nuestra prioridad son las políticas que hacen feliz a las personas, no las que saquean las arcas públicas.

El conseller Alcaraz suele hablar de los «cortafuegos» contra la corrupción. ¿Qué están haciendo para evitar que se pueda repetir ese escenario que describe?

Cuando el conseller habla de «cortafuegos» es prevención. La corrupción se previene porque es un síntoma pero tiene un virus como causa. Es el síntoma de una democracia débil y enferma que no sabe defenderse de los corruptos y de los corrompedores. Para que uno coja un sobre con dinero, hay otro que antes lo ha puesto encima de la mesa. Tenemos otro concepto. El poder no es sustantivo. Debe ser el poder de hacer cosas y tomar decisiones que mejoren la vida de las personas. Esto es fundamental. El ejercicio de la política no puede ser perpetuarse en el poder, que era la mentalidad del antiguo gobierno del PP. Apostamos por la transparencia. Cualquier ciudadano puede entrar en la web y saber en qué se gasta el dinero, a quién se adjudica, por qué se hace, el tipo de contrato... Medidas muy sencillas. Cuando yo me reúno con un empresario que tiene intereses con la Generalitat jamás lo hago a solas. Siempre hay un funcionario que levanta acta de lo que se dice. Y una medida como esa evita tentaciones.

Hablando de una cuestión de tentaciones... ¿La corrupción es de personas o de partidos?

De personas y de partidos. El PP está investigado como entidad en la trama Gürtel. Es mucho más peligrosa la corrupción de partido en tanto que genera toda una trama corrupta al servicio de perpetuarse en el poder. Y todos se benefician. Hasta el que individualmente no ha metido la mano en la caja se ha beneficiado de esa corrupción sistémica del PP. Eso es mucho más peligroso. Cuando es personal, es una manzana podrida que la sacas del cesto. Pero cuando la corrupción es de partido, es el cesto entero el que está podrido. Como ocurrió aquí en todas las grandes instituciones de la Comunidad en la etapa del PP con una corrupción sistemática y sistémica.

¿Qué pasa si no se resuelve la cuestión de la financiación autonómica? ¿Cuál es el «plan b»?

Sólo hay «plan A». Es insostenible un sistema de financiación que incumpla la Constitución. El Consell y toda la sociedad en su conjunto han firmado un documento en el que se reclama una financiación justa, regularización de la deuda e inversiones en los presupuestos del Estado con arreglo a nuestras necesidades y al peso poblacional. No es normal que nos tengan siempre como ciudadanos de segunda. No es normal que a nuestra Comunidad no lleguen las inversiones ferroviarias. Ni que el Corredor Mediterráneo no sea una prioridad. Y con la financiación somos una anomalía democrática. Somos la única autonomía pobre de España, con una renta doce puntos por debajo de la media, que paga a regiones más ricas. Es un contrasentido.Un flujo perverso: los que menos tenemos, al final aportamos más. Y los valencianos ya nos hemos cansado de ser ciudadanos de segunda.

¿Y es viable el autogobierno si eso no se soluciona?

No podremos garantizar que los valencianos tengan cubiertos los mismos servicios públicos que en el resto de España. Y eso no es justo, ni es constitucional, ni es tolerable. Defendemos un sistema de diversidad territorial con igualdad de derechos. Y aquí tenemos cinco millones de ciudadanos que no tienen garantizados los mismos derechos que el resto. No vamos a renunciar. No es una cuestión de viabilidad, es justicia democrática.

¿Por qué es tan estratégico para este Consell de izquierdas reabrir Ràdio Televisió Valenciana?

Forma parte de los derechos que hay que garantizar. La información veraz y la libertad de expresión son derechos humanos irrenunciables. Somos el único territorio con lengua propia de toda Europa que no tiene servicio de televisión ni de radio. Es otra anomalía democrática. ¿Qué hemos hecho los valencianos para no tener las mismas oportunidades que el resto. Se trata de la defensa de un derecho humano irrenunciable.

Los antiguos trabajadores de RàdioTelevisió Valenciana aseguran que se sienten engañados, entre otros cargos, por usted...

Los extrabajadores pueden estar todo lo enfadados que quieran y, por supuesto, conmigo. Me va en el cargo. Pero no pueden decir que les he engañado nunca. Nunca. De hecho siempre les trasladé lo que pensaba que era posible y lo que no. Y por eso, en un momento dado, decidieron que no querían una interlocución conmigo, cosa que también tienen derecho a hacer. Pero lo que jamás pueden decir los extrabajadores es que les conté algo o les prometí algo que no fuera verdad y que al final no se haya cumplido.

Todavía no hemos llegado ni tan siquiera a la mitad de la legislatura. ¿Estaría dispuesta a reeditar en 2019, aunque fuera con algún cambio, un nuevo Pacte del Botànic?

Sí. Y tanto. Y que dure mucho.