El Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto ha acordado enviar a la Audiencia Nacional una de las piezas separadas de la causa que investiga el supuesto amaño de contratos para la extinción de incendios, en la que está imputado el exconseller Serafín Castellano. El juez se inhibe al considerar que los investigados, entre los que hay además otros exaltos cargos de la Comunidad y de Cataluña y una treintena de empresarios de varias autonomías, integraban un «grupo criminal» que actuaba de manera coordinada en varias comunidades y en el extranjero.
En esta pieza se investigan los delitos de alteración del precio de concursos públicos, pertenencia a organización criminal, falsedad en documento mercantil, delito cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios. El origen de esta causa fue una denuncia interpuesta en mayo de 2015 por la Fiscalía Anticorrupción ante un juzgado de Sagunto. Según el auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juez entiende que esta pieza es competencia de la Audiencia Nacional, al quedar suficientemente acreditada la existencia de una organización englobada por un total de catorce empresas que de forma continuada alteraba el precio de los concursos públicos.
