Estaba convencido desde el primer minuto que no me iba a sorprender ni un ápice la «letra pequeña» de los presupuestos de la Diputación para 2017. Ya lo sabía. Era una evidencia que el equipo de gobierno del PP, atrincherado en el último gran reducto institucional que le resta en la Comunidad, prefería mantener el «tradicional» sistema de reparto arbitrario y discrecional del dinero que llega a las arcas provinciales. Continuar moviendo esas cantidades al libre albedrío y en función de su propio interés antes que sumarse al Fondo de Cooperación Municipal, una distribución objetiva de ayudas por población y con un mecanismo corrector para favorecer a los municipios más pequeños. La «trampa» de las cuentas que el grupo del PP en la Diputación sacó adelante con el «borrón» de apoyarse en el tránsfuga Fernando Sepulcre está en el listado de subvenciones nominales. Esas subvenciones que ya tienen nombre y apellidos en una partida sin someterse ni a bases ni a planes ni a requisitos. Esas que se entregan a un municipio «a dedo», sin justificar y a golpe de decreto.
Ahora sabemos que el presidente de la Diputación, César Sánchez, tendrá una ayuda directa de 1,4 millones para las obras de mejora de la rotonda de acceso a su pueblo, una inversión que le debería reclamar al Ministerio de Fomento.; y además otros 300.000 para mejorar instalaciones deportivas. Los vicepresidentes y alcaldes, respectivamente, de Busot y Planes, Alejandro Morant -uno de los señores de la guerra del Palacio Provincial- y Javier Sendra -cuyo nuevo departamento de Fondos Europeos se ubicará en una dependencia cercana al despacho presidencial-, se han reservado partidas de 150.000 euros para obras polideportivo y de casi 60.000 para compra de suelo. Adrián Ballester, otro de los vicepresidentes y referente del sector cristiano del PP, tendrá 40.000 euros para la iglesia de Redován. La oposición, además, ve la mano de Carlos Castillo, el epicentro de todos los enredos del Palacio Provincial, en el espectacular incremento de las ayudas a Jovempa, la entidad que presidió antes de aterrizar en la política. Otros diputados provinciales como Sebastián Cañadas, alcalde de Mutxamel; y Bernabé Cano, primer edil de La Nucía; además de Juan Bautista Roselló, jefe de gabinete de César Sánchez y regidor de Benissa, también sacan tajada. Entre pitos y flautas, más de dos millones y medio que ya cuentan con un «destino» prefijado.
Y mientras el PP aprueba todo eso sin ningún empacho y a su socio tránsfuga Sepulcre el presupuesto de la Diputación le parece coherente y razonable, tenemos que los municipios de la provincia de Alicante recibirán la mitad del dinero que los de Valencia y Castellón en el Fondo de Cooperación Municipal como consecuencia de la negativa de la institución provincial a sumarse al proyecto con la aportación que le correspondía de 13,7 millones. Alegan los dirigentes del PP que no pueden suscribir ese proyecto por las limitaciones presupuestarias, por las competencias sociales como el Hogar o el Psiquiátrico y por tener que haber asumido ya pagos como el de Xarxa Llibres. Y me pregunto: ¿Tiene algo mejor que hacer la Diputación que atender a los municipios, mantener su «histórica» política social o pagar libros a los escolares alicantinos? Ya sabíamos que sí. Continuar repartiéndose ayudas a su antojo.
