A César Sánchez no le quedó otra salida que volver a aliarse con el tránsfuga Fernando Sepulcre para volver a sacar adelante los presupuestos de la Diputación para 2017. Convocado el mismo día en el que el titular de la Diputación se había citado con Mónica Oltra, el pleno aprobado las cuentas con los votos a favor de los diputados del PP y del mencionado Sepulcre. En contra votaron los socialistas, Compromís y EU. El presupuesto consolidado de la institución para 2017 asciende a 260 millones de euros en el capítulo de ingresos y a 238 millones en el de gastos y sus ejes prioritarios serán el apoyo a los municipios y la atención a las personas, según el PP. Parte con un superávit de 22 millones, pese a lo cual el gobierno de la Diputación descarta sumarse al Fondo de Cooperación Municipal.

La institución provincial no participará en el Fondo de Cooperación Municipal de 2017 impulsado por el Consell -se le pedía que aportara 13,7 millones de euros- por motivos presupuestarios y supedita su adhesión desde 2018 a las negociaciones sobre la distribución de las ayudas y a la devolución de competencias que le son impropias. Es decir que los municipios de la provincia recibirán menos dinero de ese plan de financiación que los del resto de la Comunidad a raíz de la negativa de la Diputación. Sobre ese punto, el presidente César Sánchez manifestó que «no va a cerrar ninguna puerta» y «sigue abierto a la negociación» en cuanto a la posibilidad de que pueda haber un fondo de cooperación el próximo año.César Sánchez solicitó al portavoz del grupo socialista, José Chulvi, que trasladase esa voluntad a Ximo Puig.

En la sesión plenaria no ha sido aceptada, entre otras, una enmienda elaborada conjuntamente por el PSPV, Compromís y EU en la que se pedía liberar importes del presupuesto hasta lograr 13,7 millones de euros como fondo de cooperación municipal. El representante de Compromís, Gerard Fullana, criticó a Sánchez por «incumplir todo lo que ha dicho» en lo que va de mandato y aseguró que el portavoz del PP y hombre fuerte del gobierno, Carlos Castillo, «debería dimitir» por propiciar «un incremento de las subvenciones nominales», «multiplicar por cinco las asignaciones a los grupos políticos» y «usar a los enfermos mentales» como argumento para rechazar la propuesta a favor del fondo de cooperación local. «Es una vileza», le reprochó a Castillo que vinculó los nuevos presupuestos con el fin del «caciquismo» en el reparto.

El socialista José Chulvi acusó al PP de «impedir» que llegue dinero a los municipios y de usar la Diputación para «hacer la contraria» a la Generalitat. «Son clientelares, parroquianos, continuistas y con una clara tendencia de compra de futuras voluntades políticas», definió las cuentas la diputada Raquel Pérez, de EU.