La portavoz de Justicia del grupo parlamentario popular, María José Ferrer San-Segundo, criticó ayer la «incoherencia» que supone que el Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra «cambie ahora las líneas rojas para que la Abogacía de la Generalitat pueda defender a imputados». Ferrer San-Segundo censuró ayer «el cambiazo que ha propiciado el Consell, justo ahora que gobiernan, y de tapadillo mediante una enmienda a los presupuestos lo que fue una línea roja de alta exigencia», indicó. Se refería la popular a cuando PSPV y Compromís estaban en la oposición y atacaban que los funcionarios y también cargos públicos investigados (imputados) por delitos cometidos en el ejercicio de su actividad fueran defendidos por la Abogacía de la Generalitat.

«Esta defensa jurídica pública de encausados fue objeto de durísimas críticas y reclamaciones por los partidos que ahora integran el Consell del Botànic, acusando incluso de que ello suponía una utilización irregular de recursos públicos», recordó la diputada. «El Consell del PP, en el año 2013, presidido entonces por Alberto Fabra, eliminó tajantemente esta posibilidad, cambiando la ley y excluyendo de la defensa jurídica pública a funcionarios y altos públicos investigados», argumentó.

La portavoz popular subrayó que le parece vergonzoso que lo que decía y exigía antes respecto a las líneas rojas no se adapte a lo que Puig y Oltra «ponen ahora el práctica». Así, señaló que el Consell «puede que quiera enterrar su manual de oposición ahora que gobierna para no ser objeto de críticas, ni de control, y si lo son, utilizar los recursos públicos para sus defensas privadas».

El portavoz del grupo socialista en las Corts, Manolo Mata, recriminó al PP el derecho de los funcionarios de la Generalitat «a dejar de ser ellos quienes paguen el precio de la época de corrupción del PP».

«Después de año y medio del gobierno del Botánico ya ha quedado constatado que estamos en una época post-corrupción en la que han desaparecido los escándalos vinculados a gestores públicos», dijo Mata, para quien «los funcionarios tienen el derecho a que, en el ejercicio de sus funciones, sean defendidos por la Generalitat como sucede en cualquier empresa privada».