La Diputación Provincial de Alicante convirtió ayer la presentación de los presupuestos de la institución para el año que viene en un ataque contra el Consell cargado de artillería. Aunque la munición no era nueva (fondo de cooperación municipal de la Generalitat, por un lado, y Xarxa Llibres, por otro), el portavoz del PP y diputado de Presidencia, Economía y coordinación de Gobierno, Carlos Castillo, utilizó el acto de presentación de las cuentas de 2017 para cargar contra el ejecutivo autonómico y reforzar la estrategia de gobierno provincial que tanto gusta al equipo de gobierno.

El proyecto de presupuestos consolidados para el próximo año -que incluye a sus organismos autónomos- prevé 260 millones de euros en ingresos, lo que supone un 3,8% más, y 238 de gastos, un 1,7% más. Así, la Diputación de Alicante contará con un superávit de 21,7 millones de euros. Se trata de una institución saneada, pese a que ese dinero no podrá gastarlo por las exigencias de la Ley de Sostenibilidad de las administraciones Locales del ministro Cristóbal Montoro. Las cuentas, que el portavoz del PP calificó de «ambiciosas y realistas», contemplan 32,5 millones en bienestar social, familia y ciudadanía (aquí se incluyen las competencias impropias que desarrolla la Diputación) y otros 48.316.937 euros para el desarrollo de planes y obras municipales.

El diputado de Presidencia indicó que las partidas están sujetas al Plan Económico y Financiero aprobado en julio por el incumplimiento de la regla de gasto y que limita el margen de maniobra de la Diputación. Castillo culpó al programa de ayudas del Consell a la gratuidad de los libros de texto, el famoso Xarxa Llibres, de haber llevado tanto a la Diputación como a numerosos ayuntamientos de la provincia, a incumplir la regla de gasto. Por ello, tras la presentación de las cuentas indicó que, según las estimaciones con las que trabaja la Diputación, muchos ayuntamientos no van a poder utilizar la parte del fondo de cooperación del Consell al haber incumplido esa regla.

Remarcó que los presupuestos prevén 72 millones para los municipios (sumando los más de 48 millones de los planes municipales y los 23,5 millones que se irán al Consorcio de Bomberos) y dijo que «esto sí es un auténtico fondo de cooperación municipal». A ello habría que sumar los 20 millones del remanente de tesorería que la Diputación destinará a obras financieramente sostenibles. «Destinamos 72 millones más los 20 del remanente. Esto es un fondo de cooperación provincial en toda regla», añadió. Incidió en que la institución provincial no puede incluir en los presupuestos del año que viene la partida de 13,7 millones que le pide el Consell para sumarse al fondo de cooperación que promueve la Generalitat, pero que la «voluntad» de la Diputación es sumarse a ese fondo a partir de 2018 si se negocian los criterios de reparto y si el Consell asume las competencias impropias. En este caso instará a la Generalitat a cambiar el nombre del fondo para que incluya a la corporación y se mostró dispuesto a trabajar la propuesta del PSPV en la Diputación, que pide habilitar los 13,7 millones en el remanente de tesorería.