Hoy se cumplen tres años de la clausura de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) a golpe de intervención de la Policía por orden de un Consell controlado por el PP y que entonces dirigía Alberto Fabra. Faltaba año y medio para las elecciones autonómicas y la Comunidad se quedaba fuera de onda. Sin conexión exterior. Tras consumarse un cierre que culminó a las 12 horas y 21 minutos del 29 de noviembre de 2013 después de que la emisora quedara durante sus últimas horas de vida en manos de los trabajadores y dando voz a la oposición, el fundido a negro ponía punto y final a una historia de manipulación informativa bajo mando del PP, a un enorme descontrol en el gasto hasta generar un agujero de 1.200 millones, una gestión ligada a la corrupción como en la retransmisión de la visita del Papa a Valencia subcontratada con la trama Gürtel y a una plantilla «hinchada» hasta el infinito -Canal 9 cerró sus puertas con cerca de 1.700 trabajadores en su nómina- con centenares de «enchufados», en su mayor parte, afines a los populares.
Lo cierto, sin embargo, es que esa clausura de la cadena también supuso la salida de la Comunidad del mercado audiovisual. La única región de Europa con lengua propia que se quedaba sin un mecanismo de promoción y normalización cultural. Y el final de la única plataforma de la que disponían la mayoría de los municipios valencianos para su espacio de promoción. Numerosos alcaldes del PP -en aquel momento los populares copaban la mayoría de gobiernos locales- criticaron el cierre de la cadena pública. «Nunca más saldremos por televisión», se lamentaba un destacado edil del PP en una población del norte de la provincia. Aquel traumático episodio, además, marcó el preludio de la última etapa de los populares en el Palau. Se convirtió en el símbolo de la caída de un sistema construído durante dos décadas de poder absoluto del PP y que se fue desmoronándo de forma vertiginosa entre investigaciones por corrupción que Canal 9 callaba; descontrol absoluto en una gestión de la Generalitat que, sin embargo, RTVV se dedicaba a magnificar; y desprecio absoluto a colectivos sociales que fueron silenciados, como las víctimas del mayor accidente de metro de la historia de Europa.
La izquierda llegó al Consell con la promesa de reabrir la televisión para convertirla en un medio de promoción cultural, deportiva y de eventos autóctonos además de «salvar» a las empresas del sector. Tanto el PSPV como Compromís hicieron bandera de esa propuesta en su programa electoral. El embrollo jurídico que dejó el PP ha retrasado los plazos más allá de lo que la Generalitat hubiera deseado. Pero ahora, de alguna manera, la Corporació Valenciana de Mitjans Audiovisuals -el nuevo nombre que se ha elegido, muy parecido al del organismo que controla TV3 en Cataluña- encara esa recta final para la reapertura de una cadena que, como los propios dirigentes del Consell reconocen, es una operación clave para dar aire a la segunda mitad del mandato del tándem que conforman Ximo Puig y Mónica Oltra. No es una cuestión menor. Ni mucho menos. Gran parte de la apuesta de la izquierda valenciana para reeditar en 2019 un segundo «Pacte del Botànic» pasa por intentar revitalizar a toda la sociedad a través del impacto que pueda tener la nueva televisión pública. Mejorar la imagen y levantar la hipoteca reputacional, como el presidente Ximo Puig repite una y otra vez.
Hace ahora once meses, las Cortes aprobaron la ley que derogó el cierre de RTVV. Y en julio validaron sin ningún voto en contra -el PP se abstuvo- la ley que restablece el servicio público y que permitirá la puesta en marcha de la nueva cadena. La falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios -los populares mantienen una posición crítica sobre la reapertura de la cadena- pospuso hasta octubre la elección de los primeros miembros del Consejo Rector, máximo órgano de gobierno presidido por el letrado Enrique Soriano, que ya ha comenzado a adoptar sus primeras decisiones. Ya se ha acordado solicitar el reingreso en la federación de televisiones autonómicas, agilizar las contrataciones, impulsar el concurso público que elegirá al director general -un cargo que se tendrá que someter a la aprobación de dos tercios de las Cortes- e iniciar la redacción de un documento con los objetivos generales y de programación de la cadena.
A día de hoy, dos son los caballos de batalla a los que se enfrenta la nueva de RTVV, que contará en 2017 con 55 millones de presupuesto. Uno: la fecha de las emisiones en prueba. El Consell quiere que sea lo antes posible. «Estamos preparados para cuando nos digan», subrayó Oltra el pasado viernes. El estado de los equipos -obsoletos- sugiere una mayor prudencia pero, aunque no hay nada fijo, todo apunta a que el encendido sea antes de final de año. Dos: el conflicto con los extrabajadores. La Audiencia Nacional ha fijado para el 11 de enero el juicio por la demanda de CGT contra el ERE que extinguió los contratos. El Consell está dispuesto a negociar. Sólo quiere abrir... y cuanto antes mejor.
