El fallecimiento de Rita Barberá en un hotel de Madrid tras sufrir un ataque al corazón ha reabierto el debate en el PP sobre cuándo se debe apartar a los cargos inmersos en casos de corrupción. ¿Cuando sean investigados (antes imputados? ¿Cuando se dicte la apertura de juicio oral? ¿Cuando haya condena? Estos y otros interrogantes planean de tal modo en el seno del PP que destacados dirigentes populares han abierto ya la vía a modificar el pacto con Ciudadanos (C's) que contribuyó a la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Tal y como informó este diario en su edición de ayer, el ministro de Educación y portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, y el portavoz del grupo popular en el Congreso, Rafael Hernando, hicieron este viernes un llamamiento al resto de fuerzas políticas españolas para sellar una entente y explicitar negro sobre blanco el momento procesal exacto en el que los cargos públicos tendrían que dar un paso atrás. El PP lo tiene claro a nivel nacional. Cree, a pesar de su acuerdo con C's, que tendría que ser tras la apertura de juicio oral. Con la formación de Albert Rivera, sin embargo, ambos fijaron esa línea roja en la imputación.
Con todo, los populares mantienen opiniones dispares en todo el territorio nacional. Especialmente llamativo es el caso de Alicante. ¿Por qué? Porque dados los antecedentes populares en la Comunidad, al partido no le quedó otra que trasladar a la ciudadanía una imagen de tolerancia cero con las prácticas corruptas. El 17 de octubre de 2014, con Sonia Castedo en el ojo del huracán mediático, el PP de la provincia celebró una multitudinaria convención en Benidorm y aprobó una serie de propuestas de calado. Prohibición de viajar en primera con cargo al erario público y de recibir regalos más allá de los de simple cortesía, obligación de publicitar todos los gastos de representación, veto a que familiares directos concurrieran en una misma lista... Pero sin duda, la propuesta que más revuelo causó fue la relativa a la corrupción.
Con Alberto Fabra en la sala -el ex presidente de la Generalitat fue muy criticado por mover sus famosas líneas rojas en función de cada caso- los populares alicantinos acordaron que todos sus candidatos en próximas elecciones -ya fueran municipales, autonómicas o generales- debían firmar una declaración jurada en la que se tenían que comprometer a renunciar a sus cargos si un juez les imputaba en un caso de corrupción o si abandonaban el grupo popular en las respectivas administraciones. Es decir, si se convertían en tránsfugas.
Dicho y hecho. El PP cumplió ese acuerdo y obligó a todos sus aspirantes a estampar su rúbrica comprometiéndose a renunciar al puesto si se daba alguna de esas dos circunstancias.
Pero, ¿qué opina ahora la dirección provincial del PP? ¿Mantiene la misma postura o, por el contrario, comparte las palabras de Íñigo Méndez de Vigo y Rafael Hernando? Fuentes de la ejecutiva disiparon ayer cualquier atisbo de duda. «La postura es la misma. Absolutamente», zanjaron. Y añadieron: «No ha cambiado nada».
No obstante, desde la ejecutiva capitaneada por José Císcar quisieron matizar que el PP defiende «la misma posición» en toda España. «Firmamos un acuerdo con C's y nadie duda de que ese acuerdo no se va a romper», apostillaron. Ahora bien, tanto Méndez de Vigo como Hernando abrieron el viernes el debate para aligerar esas líneas rojas.
