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Análisis

El nuevo color de las líneas contra la corrupción del PP

El debate que intentan «colar» los populares tras la muerte de Barberá supone diluir el nivel de exigencia contra los investigados por corrupción

La muerte de Rita Barberá se ha convertido, casi como esa personalidad arrolladora que exhibió durante su vida, en un terremoto. Siempre que hablaba sobre el PP, la opinión de la que fuera durante 24 años alcaldesa de Valencia tenía un innegable valor. Y con su último acto en esta vida, una de las dirigentes más influyentes del PP en las últimas tres décadas -llegó a tener el carné número tres de Alianza Popular en Valencia- ha reabierto nada menos que el debate de las medidas contra la corrupción y el trato que se dispensa a los cargos públicos imputados en procedimientos judiciales. Genio y figura. El repentino fallecimiento de Barberá le ha venido de perlas a un grupo de cargos del PP -los mismos que hasta el lunes la negaban en su declaración ante el Supremo y que 48 horas después en un ejercicio de cinismo e hipocresía reivindicaban su legado- para tratar de relajar las «líneas rojas» que le sirvieron a Mariano Rajoy para lograr, entre otras cosas, el voto de C's como aval de investidura. Y de paso para esbozar una paranoica teoría de la conspiración vinculada al coste de las denuncias de corrupción que afectan a políticos y, especialmente, en el impacto que eso pudo tener en el ataque al corazón sufrido por un cargo público que, a lo largo de tres décadas, ejerció como símbolo del PP de la Comunidad en España.

Convirtiendo el asunto casi en una cuestión de Estado, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, y el número uno del PP en el Congreso, Rafael Hernando, pidieron una «reflexión» tras la muerte de la senadora sobre ese acuerdo con Ciudadanos que incluye apartar de la vida política a aquellos cargos públicos que sean investigados por corrupción. La formación de Albert Rivera descartó de plano esa posibilidad. Y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, de Compromís, dejó claro que una cosa es el respeto institucional por el fallecimiento de Rita Barberá -alcaldesa de Valencia desde 1991 a 2015 y diputada en las Cortes durante 32 años- y otra muy diferente diluir los cortafuegos que se van poniendo para evitar los casos de corrupción que afectaron, especialmente al PP, durante su última etapa en el Consell. Ni a Ciudadanos ni tampoco a Compromís se les puede reprochar, a diferencia de Podemos, haber actuado fuera de lugar en el trato a Barberá. Todo lo contrario. Han mantenido una actitud intachable. Con más valor, si cabe, para el partido de Oltra, que ha marcado distancias con los de Pablo Iglesias y ha actuado en el marco institucional como fuerza de gobierno.

Más allá de oportunismos, de mensajes hipócritas y de la evidente relevancia de la figura pública de Rita Barberá, el debate de fondo que han reabierto los notables del PP no es una cuestión menor. Ni un movimiento estratégico sin trascendencia. Apenas instalados de nuevo en La Moncloa con el voto de Ciudadanos y la abstención socialista, los populares están poniendo sobre la mesa relajar el nivel de exigencia contra la corrupción en un momento en el que la credibilidad de la clase política continúa por los suelos para tratar de dar aire a cargos públicos del PP que están imputados en un sinfín de procedimientos. Atendiendo a ese planteamiento del Partido Popular: ¿Volverían de inmediato al partido los concejales del Ayuntamiento de Valencia imputados en el caso Taula? ¿Qué harían con Alfonso Rus? ¿Y con los cargos alicantinos investigados en Brugal como Sonia Castedo ¿O con los de Gürtel que aún no han llegado a juicio? ¿O con una posible imputación de Francisco Camps en la F-1? Y mirando al banquillo socialista: ¿Pedirían los populares al PSOE que perdonaran a Manuel Chaves o José Antonio Griñán por el escándalo de los EREs en Andalucía?

No han sido ni los periodistas ni los políticos más activos contra la corrupción, cumpliendo con su obligación de denunciar el descontrol en la gestión, los que han convertido la imputación en una «pena mediática». Han sido los propios partidos políticos -especialmente el PP- los que han pervertido esa figura convirtiendo la presunción de inocencia en una «coraza» para intentar salvar a sus propios cargos públicos a la espera de que avanzaran los sumarios. Es evidente que hay investigaciones por corrupción que requieren de una actuación inmediata por su gravedad. Y otras que, a distancia, ya se ve que pueden acabar en agua de borrajas. Pero, en estos momentos, no cabe ni un solo paso atrás en la lucha contra la corrupción. A Rita Barberá, posiblemente, le hizo mucho más daño la foto de su coche aparcado años y años sin uso en el Ayuntamiento de Valencia, los bolsos de marca o las noches en hoteles de lujo que reveló el «Ritaleaks» que una imputación por mil euros. Pero, desde luego, ni la mataron los periodistas ni los que denuncian la corrupción. Ni mucho menos. Es el PP el que intenta tapar ahora detrás de la alargada figura de Barberá el color con el que quiere pintar una nueva línea... más permisiva, sin duda, con la corrupción.

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