26 de noviembre de 2016

La muerte de Barberá reabre el debate en el PP sobre líneas rojas contra la corrupción

El portavoz del Gobierno plantea ahora la revisión del acuerdo con C's y apuesta por esperar a la apertura de juicio oral para apartar a los cargos públicos inmersos en escándalos

27.11.2016 | 00:12
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en su comparecencia de ayer ante los periodistas.

Ciudadanos replica: «Si incumplen el pacto, se romperá».

El repentino fallecimiento de Rita Barberá ha conmocionado a la clase política española, ha hecho reflexionar al PP sobre el trato que brindó a la ex alcaldesa de Valencia tras su presunta implicación en el caso Taula... y también ha abierto un debate sobre dónde fijar las ya famosas líneas rojas contra la corrupción que durante meses y meses persiguieron a Alberto Fabra. El debate ya no se circunsribe únicamente a la Comunidad, sino que ha trascendido a nivel nacional. Ayer, apenas 48 horas después de la muerte de Barberá, el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, lo sacó a colación. «El pacto anticorrupción que el PP y Ciudadanos (C's) firmamos en agosto está para cumplirse, pero todos los partidos debemos hacer una reflexión sobre cuándo debe apartarse a los políticos investigados», señaló.

El ministro se postuló en estos términos durante su comparecencia ante los periodistas tras el Consejo de Ministros. Y es que a raíz del fallecimiento de Barberá, el Gobierno y el PP han cuestionado que la investigación (antes imputación) deba ser el momento exacto en que se expulse a los cargos políticos, tal y como se recoge en ese pacto alcanzado con C's para facilitar la investidura de Mariano Rajoy como presidente.

El portavoz del Ejecutivo central precisó que ese acuerdo era condición «para sentarse» a negociar la investidura y recordó que el PP siempre ha preferido esperar a que se abra juicio oral para apartar a un político. «Esa es una forma de mantener el equilibrio entre el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a presentar una denuncia o querella por corrupción», apostilló.

Su compañero de partido y portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, se manifestó en términos similares al afirmar que hablará con todos los grupos parlamentarios para hacer «una profunda reflexión» sobre cuándo debe apartarse a los políticos investigados. «Démosle una vuelta todos», enfatizó. Y añadió: «A lo mejor hay que darle una vuelta al pacto de investidura». Hernando fue más allá. Admitió que el PP pudo haberse equivocado con Barberá y admitió: «Quizá teníamos que haberla amparado».

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se limitó a apuntar que el pacto que el PP y C's sellaron en su día para facilitar la formación de Gobierno «está en vigor y que goza de muy buena salud». Preguntado por las palabras que había pronunciado Hernando poco antes, Catalá aseguró desconocerlas y se mostró confiado en que los próximos años sirvan para impulsar una reforma en la ley procesal penal que permita fortalecer la presunción de inocencia y agilizar los procesos judiciales.

Llegado a ese punto, el titular de Justicia recordó que esa reflexión lleva años en mente de todos los operadores jurídicos y que lo ocurrido con Barberá es «un elemento más» para poner de manifiesto que ha habido un proceso que ha estado «mucho tiempo abierto sin llegar a conclusiones» mientras la opinión pública y los medios avanzaban en la exigencia de responsabilidades.

Desde C's, por su parte, lanzaron un mensaje alto y claro al PP: su acuerdo «se romperá» si los populares incumplen el apartado sobre corrupción. Eso proclamó ayer el vicesecretario general de la formación naranja, José María Villegas. «Donde Ciudadanos es decisivo para formar gobierno, los imputados tienen que abandonar su cargo público», sentenció en una rueda de prensa en el Congreso, en la que insistió en que su partido no va a «revisar» en ningún caso su criterio en la lucha contra la corrupción política.

Los más críticos fueron los dirigentes de Podemos. Su secretario de Organización, Pablo Echenique, pidió no instrumentalizar el fallecimiento de Barberá para «aligerar» los requisitos contra la corrupción. «No debería depender del fallecimiento de una persona relevante. Si no tenían claro –en el PP– que el compromiso que firmaron con C's era bueno, pues no deberían haberlo firmado», dijo. Echenique además subrayó que «no parece lo más sensato ni lo más limpio» rebajar esas exigencias con los dirigentes que se vean salpicados por algún escándalo.

Por su lado, el portavoz parlamentario de Unidos Podemos, Íñigo Errejón, defendió ayer la decisión de su grupo de no sumarse al minuto de silencio del pleno del Congreso por Barberá y acusó al PP de «aprovecharse» para intentar «tapar el desprecio» con el que se la trató. «Nosotros nunca nos hemos movido de nuestra posición con respecto a la ya difunta Rita Barberá, hay quienes sí que se han movido y, por tanto, han decidido aprovechar los trágicos sucesos que han sucedido ahora para intentar tapar una parte del desprecio y del alejamiento con el que la trataron en sus propias filas», expresó.

La reacción del Consell
La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, recalcó ayer que «todas las instituciones valencianas han actuado de manera ejemplar» ante el fallecimiento de Barberá, «manteniendo este tema en un estricto plano personal y de respeto a la muerte». «Todo lo demás sobra», sentenció la también portavoz.

Oltra se pronunció así al término de la rueda de prensa del pleno del Consell, preguntada por si en la reunión el Gobierno valenciano se habían abordado las líneas rojas que deben establecerse en los casos de corrupción. «Lo que se ha hecho es actuar y se ha hecho lo que tenía que hacer. El presidente de la Generalitat (Ximo Puig) ha expresado lo que tenía que expresar sobre la ex alcaldesa de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia ha hecho lo que tenía que hacer, y las Cortes han hecho lo que tenían que hacer», señaló.

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