El Tribunal de Cuentas cuestiona el aval que asumió la Generalitat Valenciana en julio de 2011 y todos los contratos y convenios que se firmaron para la organización y gestión del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia. En un informe, de 40 páginas del pasado mes de octubre, el organismo de control habla de posibles contratos nulos, de irregularidades administrativas y de decisiones lesivas a los fondos públicos. Este documento se enmarca en la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia por presuntas irregularidades en la organización de la F-1, en un asunto que vio la luz en diciembre de 2014 con una querella de la Fiscalía Anticorrupción y que se judicializó seis meses más tarde.

En este caso, que afronta su fase final con nuevos documentos intervenidos, están investigados el expresidente de la Generalitat Francisco Camps; la exconsellera de Cultura y Deportes Lola Johnson; y el expiloto Jorge Martínez Aspar por presuntos delitos de malversación, prevaricación y delito societario en la compra de la empresa Valmor Sports por parte del Consell en diciembre de 2011. Precisamente, Camps ha recurrido para que el informe del Tribunal no se incorpore en el procedimiento judicial.

Según el informe del organismo auditor, en la gestión de la F-1 en Valencia existió daño y quebranto, pero afirma que no puede reclamar el perjuicio público porque carece de competencia.

Este organismo analiza la denuncia de diputados del grupo Compromís: la compra por parte de la Generalitat por un euro de la empresa privada Valmor Sports, que acumuló una deuda y pérdidas millonarias en la organización del Gran Premio.