Usted es el «ideólogo» de los decretos de coordinación con las diputaciones, con fuerte contestación desde Alicante. ¿Por qué ha tomado el Consell ese camino?
De ideólogo nada. Hay una realidad: es necesario que en un momento de crisis pongamos en común las diferentes políticas. Debe existir una coordinación entre las competencias de la administración autonómica y de la Diputación para garantizar que los recursos públicos se están usando de una forma adecuada. Es importante que se entienda que esa política compartida es clave para el éxito de la gestión. Y por eso hemos impulsado estos decretos aprovechando la Ley de Coordinación aprobada en 1983.
Una normativa que ha estado 33 años en un cajón y que, precisamente, se despliega ahora cuando la Diputación de Alicante es la principal institución de la Comunidad en manos del PP...
En 1985 ya se desarrolló algún decreto pero con fecha de caducidad. Usamos esta ley por tres motivos: está en vigor, es amplia lo que permite coordinar todo tipo de políticas y además pasó el filtro de legalidad del Tribunal Constitucional.
La Diputación de Alicante no lo entiende así y ha recurrido los decretos de Turismo y Deportes...
La Diputación de Alicante lo recurre porque cree que se están invadiendo sus competencias. Pero hay que decir que, según el Estatuto de Autonomía, la promoción turística es una gestión exclusiva de la Generalitat. Y la propia Diputación, en el año 2012 y con José Císcar como conseller de Presidencia, así lo reconoce en un documento en el que aboga por la supresión del Patronato de Turismo. La Diputación de Alicante y el PP buscan una cierta confrontación que en el ámbito legal, desde luego, no tiene razón.
¿Su objetivo es vaciar de contenido el papel de las diputaciones?
No. Pero sí es cierto que no se ha terminado de cuadrar una estructura con las competencias de cada una de las administraciones. Las diputaciones tienen que dedicarse sobre todo a los pequeños municipios y a prestar asistencia técnica en cuestiones urbanísticas o jurídicas. Intentar trasladar que son un gobierno paralelo a las autonomías es ir más allá de su labor y no ser consecuente con sus competencias.
Pero las diputaciones tienen base legal en la Constitución...
Tienen un reconocimiento Constitucional. Eso es cierto. Pero también es verdad que chocan con el paquete de competencias exclusivas autonómicas. No queremos que dejen de prestarlas. Pero sí les requerimos que se coordinen con la Generalitat porque esas competencias son nuestras. Las diputaciones tienen que ejercer la labor que realmente tienen: el apoyo y la asistencia a los pequeños municipios, algo que no ocurre en estos momentos.
¿Considera que la reacción de la Diputación de Alicante contra esas políticas del Consell son una batalla de corte político?
Gran parte tiene que ver, efectivamente, con una batalla política.
¿Y no cree que en Alicante -la provincia más grande de España que no es capital autonómica- la Diputación puede jugar un importante papel de vertebración?
Consideramos que las diputaciones deben actuar como un ayuntamiento de ayuntamientos. Y la mayoría de sus recursos deben ir a los municipios. No puede ser que el dinero de las diputaciones se destine a cuestiones que nada tienen que ver con los ayuntamientos. Ese es el gran problema. Por eso es fundamental reordenar la acción política de las propias diputaciones.
Ustedes plantean, por tanto, que la Diputación se debe dedicar a hacer menos política y más gestión directa con sus municipios...
Deben hacer esa gestión con sus municipios. Por supuesto...
¿Y menos política?
La gestión es política. La Diputación se debe centrar en que los municipios tengan recursos adecuados y puedan desarrollar sus competencias de forma correcta. Lo que no es posible es que transfieran poco dinero a los ayuntamientos y se dediquen a otras cosas...
¿Por ejemplo?
Ellos mismos dicen, por ejemplo, que el Patronato de Turismo no entra en su ámbito competencial.
¿Usted suprimiría por tanto el Patronato Provincial de Turismo?
Abogamos por la coordinación como recoge el decreto para poner en común la política turística...
Decretos de turismo y deportes y ahora le piden a la Diputación 13,7 millones para ese Fondo Municipal. ¿Cómo va a funcionar?
La Asamblea de la Federación Valenciana de Municipios aprobó ese fondo en 1999. En 2006 se incluyó en la reforma del Estatuto. Cuatro años más tarde, la nueva Ley de Régimen Local que impulsó el PP también aprobó su validez. Sin embargo, el Partido Popular nunca lo llegó a dotar en los presupuestos. Y ha sido el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el que ha puesto encima de la mesa esa cuestión para 2017 como una apuesta clara por el municipalismo. Lo hemos dotado con 40 millones, de los que 13,7 corresponden a Alicante. Hemos pedido a la Diputación que ponga otra cantidad similar en una distribución que se realizará por población y primando a los pequeños pueblos.
¿Y a qué podrán dedicar ese dinero los gobiernos locales?
Hasta ahora, las diputaciones «orientaban» ese gasto. Te obligaban, por ejemplo, a invertir en campos de fútbol de hierba artificial cuando los ayuntamientos, de verdad, lo que necesitaban eran ayudas a los libros de texto, colaborar en el comedor escolar, pagar la escuela de adultos, subvencionar la teleasistencia... por citar sólo algunos ejemplos. Con el nuevo fondo, el dinero se transferirá a los municipios y lo podrán gastar en lo que consideren oportuno en base a su propia autonomía: obras, inversiones, pagar servicios... Esa es la gran virtud del Fondo de Cooperación Municipal y el choque que estamos teniendo. ¿Por qué? Pues porque la Diputación siempre quiere aparecer como que financia algo, hacerse la foto y decir que eso lo pagan ellos. El concepto que queremos aplicar es completamente diferente. Somos la única autonomía que no tiene fondo de cooperación.
Habla de choques... ¿Con la Diputación de Alicante por ejemplo?
Entiendo que tengan hasta una reacción política. Aunque no debería ser así. Tendría que haber una relación de mucha más confianza y colaboración. Con la Diputación de Alicante existe una cierta tensión que, desde luego, no es buena para los ciudadanos. Pero hay una realidad. Según la liquidación de 2015, la Diputación sólo transfiere el 10% de sus fondos a los municipios y nosotros lo que queremos es que esa cantidad se incremente.
Un gobierno de la Diputación sostenido por un tránsfuga...
Efectivamente. Y eso desde luego tendría que estar penado.
¿Avalaría la propuesta de César Sánchez para una ley de reparto justo del dinero en la Comunidad?
Lo que estaría bien es que el presidente de la Diputación de Alicante compartiera la necesidad de una financiación justa y adecuada para la Comunidad Valenciana. Necesitamos más contundencia en aquellos altos cargos que puedan ejercer influencia sobre Montoro.
¿Y la iniciativa planteada por Rubén Alfaro, alcalde de Elda y presidente de la Federación Valenciana de Municipios, para una nueva ley de financiación local?
La financiación municipal también es un problema y debe abordarse. La capacidad tributaria y recaudatoria es muy reducida lo que impide mantener los servicios públicos locales. Hay que hacer una redistribución. Un nuevo esquema. Tiene razón Rubén Alfaro. Ahora es evidente que si se mejora la financiación autonómica, los municipios van a salir muy beneficiados, por ejemplo, a través del fondo local.
Afrontamos la segunda mitad del mandato con los presupuestos para 2017. ¿Qué cuestiones piensan abordar en ese periodo?
Tenemos encima de la mesa una ley de mancomunidades para potenciar la colaboración intermunicipal que permita prestar mejores servicios y más baratos. Realizaremos un reconocimiento expreso de interlocución privilegiada en cada territorio comarcal que, en estos momentos, no existe y sin gastar ni un euro en tanto que son estructuras que ya existen a día de hoy.
¿Hablamos del embrión de una futura ley de comarcalización?
Ya sería un reconocimiento de las comarcas naturales. La mayoría de las mancomunidades se agrupan por pertenencia y, efectivamente, es un embrión aunque una futura ley es muchísimo más complejo.
