La guerra que mantienen la Generalitat y la Diputación desde hace meses parece que no tendrá una tregua a corto plazo. A pesar de que los cruces dialécticos se han suavizado durante las últimas semanas, ayer se volvió a evidenciar que las relaciones entre ambas administraciones no son precisamente idílicas. Más bien, todo lo contrario. Esta vez, las fricciones llegan por el Fondo de Cooperación Municipal, un mecanismo que ha incluido la Generalitat en sus Presupuestos de 2017Presupuestos de 2017 y que «invita» a la institución provincial de Alicante a repartir 13,7 millones entre los municipios alicantinos. El Consell de Ximo Puig quiere que la Diputación deje de repartir sus recursos de manera arbitraria y ha resucitado un fondo que se aprobó en la era Zaplana -que nunca llegó a ponerse en marcha- para que el dinero se distribuya de forma equitativa entre todas las entidades locales.

Pues bien, esta misma semana el equipo de gobierno de la institución provincial alicantina -el PP- ha respondido a la «invitación» del Consell con otra propuesta. Le ha pedido que asuma los gastos del Hogar Provincial, el Centro de Salud Mental Doctor Esquerdo (el psiquiátrico), el servicio de teleasistencia domiciliaria y el Instituto de la Familia Pedro Herrero. Y la Generalitat no ha dicho que no. Su vicepresidenta y máxima responsable de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, se reunirá próximamente con César Sánchez para abordar esa posibilidad. Incluso el jefe del Consell, Ximo Puig, tendió la mano el jueves a la Diputación para negociar el traspaso de esas competencias que hasta ahora asume la institución provincial pese a que, en teoría, le corresponden a la administración autonómica.

Esa negociación no será sencilla. Más, teniendo en cuenta las palabras que pronunció ayer el director general de Administración Local, Antoni Such, durante un acto que organizó el grupo socialista de la Diputación. El alto cargo del Ejecutivo habló alto y claro: si el Consell se hace cargo de esas competencias, reclamará fondos extra a la corporación provincial. «Hemos transmitido al presidente (César Sánchez) que no hay ningún problema de constituir una comisión bilateral de estudio de traspaso de competencias. Pero los recursos que el Estado le transfiere a la Diputación para hacer frente a estas instituciones tendrían que ir a la Generalitat», zanjó, para acto seguido apostillar: «Si quieren hacer el traspaso, la Generalitat está abierta. Hay que ver cuál es el procedimiento y cómo lo asumimos, pero como se transfieren las competencias, se transfieren los recursos».

Such centró la mayor parte de su discurso en resaltar la importancia del Fondo de Cooperación Municipal. Quiso rebajar la tensión con la corporación provincial al asegurar que su aportación será voluntaria, negó «imposiciones» y dijo que el Consell podría aprobar un decreto de coordinación que sí obligue a la Diputación a aportar ese dinero, pero no lo hará para evitar un posible recurso judicial que bloquee el reparto global de ayudas.

Con todo, el alto cargo del Ejecutivo terminó lanzando otro dardo a la institución que dirige César Sánchez. «Queremos evitar el clientelismo político. Tenemos que acabar con eso y establecer un criterio de objetividad absoluta en el reparto de las ayudas», concluyó Such.