Hace tiempo que el «poder valenciano» en Madrid había quedado reducido a un sueño que se remontaba a la época de Eduardo Zaplana en el Consell. La «cuota» ministerial de los populares valencianos -atenazados por la mala gestión de la última etapa en el Consell y por la corrupción- se limitaba a la figura de José Manuel García Margallo, diputado por Alicante desde 2015, afincado desde hace tiempo durante gran parte del año en Xàbia y al que se consideraba el enlace del Gobierno en la Comunidad y, especialmente, en Alicante, donde había multiplicado su presencia. La decisión tomada por Rajoy de prescindir de Margallo en la cartera de Asuntos Exteriores supone borrar definitivamente del mapa del Gobierno a una organización -el PPCV- que está en reconstrucción y que ahora no tendrá interlocutor en la primera línea de la «mesa camilla» de Madrid en la que se toman las grandes decisiones de La Moncloa.

Ya hace unos días que se habían desatado las especulaciones sobre el futuro de Margallo en el Gobierno. Una vez fuera del Ministerio, el veterano dirigente del PP tendrá que decidir ahora si se queda como parlamentario de a pie. Fuentes populares apuntaron que a los exministros se les ofrecerá una salida y se les garantizará, si lo desean, un puesto de relevancia con la presidencia de una comisión del Congreso. Lo cierto es que, por vez primera, desde hace mucho tiempo, la Comunidad pierde conexión directa con el Consejo de Ministros. Un gabinete en el que, además, seguirá Cristóbal Montoro -enfrentado con Margallo- al frente de Hacienda. Esa decisión de Rajoy supone un jarro de agua fría para el Consell, que sitúa a Montoro como el hombre encargado de asfixiar las cuentas de la Comunidad Valenciana con los planes de ajuste.

El titular de Hacienda mantendrá el poder sobre las cuentas autonómicas pero, en todo caso, la Generalitat del tándem que forman Ximo Puig y Mónica Oltra tendrá un nuevo interlocutor para resolver el principal problema que tiene la Comunidad: la negociación para el cambio del modelo de financiación, que lleva bloqueado desde enero de 2014. Una tarea que asume la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que tomas las riendas de Administraciones Públicas con la idea de que se convierta en una pieza clave para intentar resolver las tensiones territoriales abiertas que tienen a Cataluña como epicentro.

Borrados del mapa a pesar de la mejoría electoral de las últimas citas y a la espera de la «pedrea» del segundo escalón, la presidenta regional del PP, Isabel Bonig, durante un acto, trató de poner «paños calientes» a ese particular descenso a los infiernos de los populares valencianos. Destacó que el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy «conoce nuestra problemática» y se mostró segura de que tendrán «sensibilidad con los valencianos» para resolver, por ejemplo, la cuestión de la financiación. A falta de ministros valencianos en Madrid, Bonig destacó que tanto Álvaro Nadal, titular de Energía y Turismo, como Rafael Catalá, de Justicia, son personas con «vinculación» a la Comunidad.