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El Consell Jurídic saca las uñas

El órgano se revuelve contra la Generalitat por querer prescindir de sus informes en las subvenciones

El Consell Jurídic saca las uñas

El Consell Jurídic Consultiu (CJC), renovado de forma parcial la semana pasada, ha plantado cara al Gobierno valenciano en su propósito de prescindir de sus dictámenes en las normas que sirven de base para el reparto de las subvenciones. Y lo hace en un duro informe en el que poco menos que acusa al Ejecutivo que preside Ximo Puig de buscar la «inmunidad» en un ámbito tan delicado como las ayudas públicas. El reproche, que se plasma en forma de observación esencial, está explícito en el informe sobre la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat de 2017, el texto a través del cual, según informó en su día INFORMACIÓN, el Consell trató de zafarse de estos dictámenes bajo el argumento de que enlentecían los trámites.

Al final, el Consell ha dado marcha atrás, según informó el pasado viernes la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, quien indicó que el acuerdo alcanzado es que se seguirán solicitando los informes, aunque estos siempre tendrán carácter preferente. La rectificación llega después de que el CJC haya tenido que sacar las uñas para defender su territorio ya que el cambio legal planteado(a través de la ley de Hacienda) suponía una modificación de sus funciones. La letra pequeña del informe descubre que la idea partió de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático (en manos de Compromís) que alegó razones de agilidad: «La petición del dictamen al CJC retrasa significativamente la tramitación de estas órdenes, lo que dificulta la operabilidad de la actuación administrativa y la consecución de los objetivos perseguidos», sostenía el departamento que dirige Elena Cebrián.

El argumento ha llevado a una respuesta del CJC sin paños calientes: «Hemos de ser contundentes y severos en la negación de esta justificación», indica el organismo jurídico, que recuerda que todos los expedientes recibidos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017 se dictaminaron en un periodo medio inferior a 15 días. El Jurídic advierte que «resulta difícil encontrar un ámbito normativo en el que al prescindirse de sus informes se reduzcan tanto las garantías jurídicas, ya que, entiende, que sus dictámenes «son una nueva oportunidad para determinar la conformidad jurídica de la norma». Añade que la intervención de órganos independientes de la Generalitat supone «una garantía esencial en la salvaguardia de los derechos de la ciudadanía que, en ningún caso, debería someterse a criterios de oportunidad temporal». E incide: «Estamos seguros que [al eliminarse los informes] se consiente un espacio de inmunidad». «Todas nuestras observaciones esenciales sobre la legalidad dictaminadas hasta el momento y que se han incorporado desaparecerán por inespecíficas razones de agilidad y eficacia», advierte para rematar: «Sirva como ejemplo que la inmensa mayoría de las observaciones esenciales y reparos de legalidad realizadas en estos procedimientos han sido atendidas por la Administración».

Cuestión de independencia

El Consell Jurídic echa por tierra también el argumento de Agricultura de que la legalidad está garantizada por los informes de la Intervención Delegada y la Abogacía. Y es aquí donde el Jurídic defiende con ahínco sus atribuciones. Remarca que en numerosas ocasiones los informes de la Abogacía coinciden con los suyos, pero hace una puntualización de calado: «Los nuestros son públicos e incorporan observaciones esenciales que obligan a la autoridad a marcar el sentido de su decisión oído o conforme el Consell», dice. Y remarca: «Todo ello sin olvidar que nuestros dictámenes emanan de un órgano independiente y, por tanto, no incardinado funcional y orgánicamentte en la estructura de la Administración».

El Jurídic aprovecha para airear el informe contrario que emitió la propia Abogacía de la Generalitat al cambio normativo y muestra su sorpresa por el hecho de que la subsecretaría de Medio Ambiente siguiera adelante pese al «claro y rotundo reparo» de los letrados de la Generalitat en un tema que afecta a un órgano estatutario. El duro dictamen, en el que había trabajado el antiguo Jurídic todavía capitaneado por Vicente Garrido, es el primero debatido y votado por los nuevos miembros.

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