La partida de dependencia se congela pero Oltra exige en la ley que Madrid pague su parte

El Estado y las autonomías deben pagar las prestaciones un 50% cada uno, pero el Gobierno aporta a la Comunidad solo el 12%

29.10.2016 | 12:19
La vicepresidenta Oltra y el conseller Vicent Soler, ayer a la salida del pleno del Consell.

La puesta al día en los pagos de la ley de dependencia es una de los grandes aspiraciones del Consell. El Ejecutivo de Puig y Oltra ha incluido en el articulado del proyecto de ley de presupuestos, presentado ayer, una cláusula, a instancias de Compromís, para tratar de forzar que el Gobierno de España pague su parte. Ello viene a compensar que la partida destinada a la dependencia quede congelada cuando el año pasado registró un aumento significativo del 57%.

La propia vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha querido obligar al Gobierno o al menos tener una base legal que dé armas jurídicas con las que exigir el pago. Fuentes de la vicepresidencia señalaron que se trata de una cláusula reivindicativa.

La dependencia es esencial para la conselleria que dirige Oltra, que el pasado jueves admitió que el Consell necesitará tres años para ponerse al día en los expedientes y denunció que en 2013 el Ejecutivo del PP no tramitó ninguno.

La difusión pública del presupuesto se demoró ayer más de lo habitual precisamente porque Compromís quería que esta cuestión apareciera como una reivindicación política y tuviera presencia en el proyecto de ley.

Según la Ley de Dependencia, el Estado y las autonomías deben pagar las ayudas en un 50% cada uno, pero el Gobierno aporta de media a las autonomías el 18 por ciento y a la Comunidad Valenciana un 12, según la vicepresidenta. La cáusula que incluye Compromís recoge que durante 2017 todas las aportaciones e ingresos no previstos deberán tramitarse como generación de créditos para afrontar gastos de la dependencia.

32 millones día de gasto social. Además, la memoria del presupuesto recoge que se pagarán los retrasos desde la fecha de reconocimiento del derecho y también a los herederos de personas que hayan fallecido y a las que se hubiera reconocido la prestación.

Mientras, el proyecto de presupuesto de la Generalitat para 2017 prevé una aportación diaria a la política social de 32,8 millones de euros. En lo que se refiere a los servicios básicos fundamentales, cada 24 horas, el Gobierno valenciano destina 16,6 millones de euros a la Sanidad; 12 millones, a la educación; 2,87 millones, a Igualdad y Políticas Inclusivas; 960.000 euros, a Empleo y 248.296 euros, a Vivienda. Además, esa cifra ha subido respecto a la de 2015 cuando el gasto diario era de 28,5 millones.

Mil millones al área de Oltra. Mientras, el área de la vicepresidenta incrementa su presupuesto un 7,1% alcanza los 1.048 millones y supera por primera vez los mil millones. Destaca el incremento del programa de Servicios Sociales, que se dispara un 44,6% y llega hasta los 68 millones, y la dotación de Dependencia, abierta a la obtención de más fondos del Estado, que alcanza los 247 millones. La partida se mantiene idéntica a la del año pasado en espera de que el Gobierno abone su parte. Las partidas que más crecen en el presupuesto son servicios sociales (44%), igualdad en la diversidad (32%) e igualdad de género (17%).

Un 62% a política social local. El presupuesto de 2017 incluye un plan para la financiación de servicios sociales generales en el ámbito municipal, partida que aumenta un 62 por ciento. Además, crece un 27,3 la línea para garantizar la financiación de las residencias y centros de día y un 46% para los servicios denominados Seafi de atención a familias e infancia.

También se incrementa la dotación destinada a la nueva oficina de atención a inmigrantes y refugiados y una línea por primera vez de 700.000 euros para programas de juventud o de 100.000 euros para la población gitana y la partida para zonas vulnerables crece también un 29%.

Aumenta el 20% en dos años. Si se suma el aumento de 2017 al registrado el año anterior en el primer presupuesto del Botànic, el incremento del gasto destinado a las políticas sociales registra una subida global del 20%.

Políticamente el presupuesto supone un giro ya que el Consell del Botànic entiende que empezó a gobernar en un momento de emergencia social y en un contexto de recortes sociales y mercantilización de servicios públicos.

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