El fin del gobierno en funciones del PP para convertir a Mariano Rajoy en el presidente para una nueva legislatura marcará el plazo que se ha marcado Ciudadanos para pedir a los populares que hagan cumplir el pacto antitransfuguismo en todos los ayuntamientos y diputaciones. Así lo corroboraron ayer fuentes de la dirección nacional del partido naranja, que aseguraron que la medida está sobre la mesa para trasladarla al nuevo ejecutivo de forma oficial. Lo que C's pedirá es hacer cumplir el pacto antitransfuguismo, con lo que ello supone en cuanto al sueldo de los diputados y ediles tránsfugas, que no podrán cobrar salvo las asistencias a plenos al estar consideradas ambas instituciones entidades locales. En el caso de los diputados autonómicos, nacionales y senadores -el PP tiene a al tránsfuga Miquel Domínguez en las Cortes Valencianas y a Rita Barberá en el Senado- el sueldo puede mantenerse aunque el diputado acabe pasando al grupo de no adscritos.
Esto afectaría al exrepresentante del partido en la Diputación de Alicante, Fernando Sepulcre, quien abandonó C's el pasado mes de junio por desavenencias con las dirección provincial y autonómica. Y a los dos ediles de Santa Pola que se fueron de la formación naranja para sustentar un gobierno de izquierdas en el municpio. Las citadas fuentes sostienen que Sepulcre, que ha mantenido su acta como diputado en la institución provincial y como edil en el Ayuntamiento de Alicante, es uno de los casos «más sangrantes» con los que cuenta el partido naranja, ya que es el único diputado que salió por la formación de Albert Rivera para convertirse en no adscrito. Como se recordará, Ciudadanos pactó con el PP entregar sus diputados a Rajoy para formar gobierno a cambio de un paquete de medidas ligadas a la corrupción, pero no se establecía petición formal al ejecutivo para solicitar que se cumpla el pacto antitransfuguismo.
Presión desde la Comunidad
La presión que se ejerce desde la Comunidad Valenciana para que se lleve a cabo la petición por parte de la dirección nacional viene marcada, fundamenalmente, por el caso Sepulcre. Los hombres fuertes de C's en la provincia así como en la Comunidad Valenciana han sido los grandes críticos internos de Fernando Sepulcre antes de que éste se marchara de la formación. El aparato provincial y autonómico de la formación es uno de los que está emplazando a la dirección nacional a exigir el cumplimiento de ese pacto al considerar tránsfuga a todo aquel cargo público que mantiene su acta después de abandonar el partido por el que se presentó.
En ese criterio C's tendrá que verse las caras con el PP, que desde la provincia de Alicante mantiene que lo que ha ocurrido con Sepulcre no es transfuguismo al no haberse unido el diputado a otro grupo para cambiar el color de la institución ni de las mayorías. Son varias las ocasiones en las que el presidente provincial del PP, José Císcar, y el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, han defendido la condición de Fernando Sepulcre como no adscrito y han rechazado que se trate de un tránsfuga, una postura laxa con el otrora diputado de C's, aliado del gobierno del PP en la institución provincial. Sí se han hecho intentos en la provincia por parte de C's para dejar sin sueldo al exdiputado naranja. El exportavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Alicante, José Luis Cifuentes, lo pidió al Ayuntamiento y a la Diputación. El pasado agosto, la diputada nacional de C's por Alicante, Marta Martín, pidió en Twitter a Rajoy que hiciera cumplir el pacto antitransfuguismo en la Diputación de Alicante.
