Otra trama por corrupción implica a un alto cargo del PP en las Cortes

La Policía Nacional registra el Ayuntamiento de Sagunto en una operación que afecta a doce cargos del Partido Popular

21.10.2016 | 00:38
Otra trama por corrupción implica a un alto cargo del PP en las Cortes

El juzgado de Instrucción número 4 de Sagunto investiga al exalcalde de la localidad Alfredo Castelló (PP) –a día de hoy uno de los principales colaboradores de Isabel Bonig en las Cortes– y a otros once concejales y exediles populares de las dos últimas legislaturas por los supuestos delito de cohecho y prevaricación en relación a una trama de amaño de contratos municipales. Según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitaten un comunicado, este juzgado ha coordinado una operación por presuntas irregularidades en las adjudicaciones de contratos en varias áreas del Consistorio saguntino, que se remontan al periodo entre 2007 y 2015 cuando la localidad estuvo bajo mando del PP. Desde las últimas elecciones, el primer edil es de Compromís al frente de una coalición de grupos de izquierdas.

En el marco de la «Operación Flotador», agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraron, por orden de la instructora, tres sedes municipales en Sagunto y Puerto de Sagunto, las oficinas de Aguas de Valencia en Sagunto y en el «cap i casal» ademmás de las sedes de otras cuatro empresas. La causa por presuntos delitos de cohecho y prevaricación se inició en agosto de 2015 por una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Valencia tras las irregularidades detectadas en su momento por el Tribunal de Cuentas. Investiga el supuesto amaño de contratos durante las legislaturas 2007-2011 y 2011-14, periodos en los que fue alcalde Alfredo Castelló, actual diputado del PP en las Cortes y presidente del comité de Derechos y Garantías popular.

El Juzgado investiga a doce personas físicas (concejales y exconcejales) y seis personas jurídicas, empresas beneficiarias de las adjudicaciones presuntamente irregulares. La diligencias, declaradas secretas, se centran en el fraccionamiento de contratos para adjudicar determinados servicios a seis mercantiles, eludiendo así la Ley de Contratos del Sector Público. Se investiga también si se amañaron contratos y se adjudicaron trabajos sin el correspondiente expediente administrativo, vulnerando con ello los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que rigen la contratación pública. En el marco de estas diligencias se ha desarrollado la operación policial, encaminada a asegurar pruebas con la intervención de expedientes y contratos bajo sospecha por los delitos de cohecho y prevaricación.

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