La maquinaria para poner en marcha la nueva RTVV debería alcanzar velocidad de crucero a partir de esta semana para cumplir con todos los preceptos que marca la ley aprobada en julio. Sin embargo, el arranque de la nueva televisión va a convertirse en una carrera de obstáculos.
De momento, Consell y Gobierno se han citado en la comisión bilateral por la discrepancia que generan dos artículos y una disposición transitoria de la ley, esencialmente sobre los privilegios a los extrabajadores. Si no hay acuerdo, el Ejecutivo tiene previsto recurrir al Constitucional.
Además, el proceso de cierre del anterior ente no está aún liquidado y existe también la posibilidad de que se pueda incurrir en una sucesión de empresas.
Tras más de dos meses de bloqueo político, el pleno de las Cortes elegirá el jueves al Consejo Rector y abrirá un proceso que debería acabar con la recuperación de las emisiones, pero nadie se atreve a pronosticar un plazo y menos ahora con el posible recurso del Gobierno sobre la mesa.
El presidente in pectore, el letrado de las Cortes Enrique Soriano, sí ha mostrado su intención de que en el menor plazo de tiempo posible se constituya y arranque la actividad de la nueva sociedad. Él mismo desempeñará de forma provisional las funciones de director general. El 30 de noviembre como muy tarde, fecha que apunta Podemos, debería tomar posesión el director general. Antes, el Consejo Rector tiene que convocar un concurso público.
El elegido necesita el apoyo de una mayoría de tres quintos del consejo y un perfil profesional de prestigio y experiencia y, sobre todo, el aval del proyecto más adecuado para la nueva etapa low cost que se abre, ya que la nueva televisión arrancará casi como la más barata de España, en torno a 50 millones de presupuesto anual. Una vez propuesto, el director tiene que comparecer en comisión, que debe aprobar el nombramiento por mayoría absoluta.
Además, la nueva corporación necesita para su puesta en funcionamiento un mínimo equipo humano, secretaría del consejo e interventor, entre otros. También debe decidir el equipamiento técnico indispensable para iniciar las emisiones de radio, televisión e internet, porque muchos de los equipos del edificio de Burjassot han quedado obsoletos y, a continuación, solicitar su adscripción a la nueva sociedad. No sólo eso. También tiene que ponerse en marcha el mecanismo para la contratación del personal de la corporación y sus sociedades. La ley recoge que para la provisión definitiva de puestos de trabajo, el director general tiene que proponer al Consejo Rector el número que considere necesario y abrir un concurso oposición. En la fase de valoración de méritos, señala la norma, se tendrá en cuenta la antigüedad en la extinta RTVV de quienes accedieron por proceso selectivo, lo que cuestiona la Abogacía, el Jurídic y ahora el Gobierno, que estudia con lupa si se vulnera el principio de igualdad.
Y más trabajo para el Consejo Rector. En un mes tendrá que elaborar el mandato marco, un documento que fije los objetivos de servicio publico y las líneas estratégicas. Debería estar listo en cuatro meses desde la aprobación de la ley, en vigor desde el 20 de julio, por lo que apenas queda un mes. Con el mandato marco listo, la ley fija un plazo de nueve meses para aprobar el contrato programa, que fijará la programación y el coste.
Presupuesto anual
También tiene que entrar en vigor en dos meses el reglamento del Consejo Rector y sus normas de funcionamiento y se hace necesario abordar la redacción de los reglamentos del Consejo de la Ciudadanía y el nuevo Consejo de Informativos, el órgano llamado a velar por la independencia informativa del ente. La ley también obliga a un plan de igualdad. Asimismo preocupa al futuro presidente la preparación, ya muy complicada por estas fechas, del proyecto de presupuesto anual y de explotación, que tiene que incluir una previsión de la cuenta de resultados y preparar el programa plurianual. «Harto difícil», admite el futuro responsable.
Mientras, la cifra en torno a 50 millones de presupuesto inicial de la nueva RTVV, un gasto que el Ministerio de Hacienda también estudia con detalle por si incumple la ley de estabilidad, llevará a la valenciana a convertirse en la segunda más barata de España.
Los 50 millones suponen un coste de 10,2 euros por habitante, sólo por encima del que genera la televisión de Murcia y a años luz de los 122 millones de euros que cuesta la televisión vasca o los 225 millones de la catalana.
