La portavoz del grupo popular en las Corts, Isabel Bonig, ha anunciado este martes que su grupo ha pedido una investigación y ejercitará acciones judiciales, incluso penales, ante la existencia de 600 peticiones de documentación de los 'populares' que están siendo "retenidas en esta cámara" desde hace casi un mes y que no están siendo trasladadas a las consellerias.

Tras la Junta de Portavoces ha explicado que se trata de un hecho "muy grave" y sin precedentes, y ha explicado que las peticiones de documentación están relacionadas con facturas de la caja fija y subvenciones a Acció Cultural del País Valencià.

"No acusamos a nadie, dirán que es una cuestión administrativa", ha dicho, para preguntarse "qué esconde el Consell" y por qué estas peticiones no se están tramitando.

Ha incidido en que no se están trasladando al Consell para que el plazo "no empiece a contar" y ha indicado que solicitudes posteriores de otros grupos sí han sido tramitadas.

"Esto es una obstrucción claramente a la labor de fiscalización", ha criticado Bonig, que ha apuntado que el presidente de las Corts, Enric Morera, se ha comprometido a iniciar una investigación.

La síndica del PP ha señalado que esperan una "respuesta inmediata" porque aunque no les gusta judicializar estas cuestiones ya han tenido que plantear 10 recursos contenciosos y ahora estudian "ejercitar acciones de todo tipo" ante esta "obstrucción y vulneración del derecho del grupo popular a solicitar información".

Por su parte, el portavoz socialista, Manolo Mata, ha explicado tras la intervención de Bonig que "en cinco minutos" ha podido realizar una investigación cuyo "resultado preliminar" es que dada la escasez de medios de loas Corts, y en un momento en el que hubo que trasladar más de mil propuestas de resolución -tras el Debate de Política General_a las consellerias "a alguien se le olvidó en un rincón un paquete" que contenía estas peticiones del PP.

En todo caso, ha indicado que están localizadas y serán tramitadas, al tiempo que ha remarcado que esto supone un retraso de 14 días en la tramitación y se ha debido a un "error" que espera se subsane pronto.