16 de octubre de 2016
Consellera de Vivienda, Obras públicas, Urbanismo y Vertebración del Territorio

Maria José Salvador Rubert: «Sin un techo es muy difícil que el resto de derechos esté garantizado»

Llegó hace 15 meses a una conselleria inversora para encontrar deudas y más deudas en los cajones

19.10.2016 | 04:30
La consellera de Vivienda, María José Salvador.

Todavía se asombra de que no se pagaran las ayudas a las viviendas, que hubiera expedientes sin tramitar o que la Generalitat le debiera el IBI a los ayuntamientos.

Antes de ser consellera, María José Salvador Rubert (la Vall d'Uixó, 1974), se curtió en las Cortes Valencianas. En el parlamento maduró la idea de convertir el derecho a la vivienda en un derecho básico, al mismo nivel que otros que hace siglos forman parte de la Declaración universal de derechos humanos. «Sin vivienda, sin un techo ?repite? es difícil tener acceso a otros derechos que sí se aceptan como parte del ADN de nuestra sociedad». En su currículo se destaca con frecuencia su formación en Filosofía, pero en el día a día se muestra más a menudo como una guerrera empujada, eso sí, por profundas y meditadas convicciones.

La vivienda como prioridad de gobierno, ¿cuál es su balance?

En el Pacte del Botànic nos planteamos que estábamos aquí para rescatar personas. Y el derecho a un techo, a una vivienda digna, es una prioridad. Con humildad y sabiendo que hay que mejorar y que multiplicar los esfuerzos, creo que el balance es positivo en la medida que ya tenemos en las Cortes una ley que para nosotros era prioritaria: la ley por la función social de la vivienda, que ha sido la primera de este gobierno en llegar al parlamento autonómico.

Con frecuencia se queja de la herencia recibida. ¿Piensa igual?

Recibimos una situación muy complicada; sin inversión en vivienda social en 20 años. Y eso nos ha obligado a realizar un esfuerzo redoblado. La Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) era una empresa pública que se dedicaba a todo menos a vivienda social, con 700 inmuebles inhabitables. Ya hemos adjudicado la rehabilitación de 298 casas que tendremos acabadas a principios de 2017.

¿Y deudas?

Sí. Hemos empezado a abonar la deuda del IBI que había con los ayuntamientos de casi 7, 5 millones de euros, y pagado una parte sustancial de las ayudas a la vivienda. Cuando llegamos se debían a solicitantes de ayudas 240 millones; abriendo los cajones descubrimos 40 millones más de las resoluciones 501, que reconocimos; y aún hubo una penúltima tanda de 60 millones que nos encontramos en los cajones de los servicios territoriales, con una instrucción de la anterior consellera para paralizar los expedientes. Ya hemos cumplido el pago de 240 millones, hemos empezado a pagar las resoluciones 501 y, en colaboración con Hacienda, estamos auditando los 60 millones de última hora. Queremos cuadrar cifras, averiguar el destino del dinero que llegó y no se pagó a las personas y que se depuren responsabilidades.

¿Su siguiente paso?

Desarrollar la ley. Movilizar todo ese volumen de vivienda vacía que tenemos en manos de las entidades bancarias, con el nuevo Registro de viviendas deshabitadas. Y dar a los particulares incentivos como la póliza de seguros que queremos crear para garantizar posibles desperfectos, de modo que nadie tenga miedo de alquilar su piso. Además, hemos flexibilizado los criterios de acceso a la vivienda eliminando las restricciones por municipio que existían.

¿Colaboran los bancos? Parece que hay muchos desahucios...

Nosotros creamos la mesa de prevención de desahucios con los bancos, como un espacio de diálogo mientras aprobábamos la ley, que es donde se establecen mecanismos de protección que sortean las limitaciones competenciales que tenemos. Aunque lo más importante es que hubiera un Gobierno de España, que es quien tiene las competencias y la capacidad de aprobar una ley de segunda oportunidad. El gran marco del cambio tiene que venir de la mano del Gobierno de España. Nosotros creamos la mesa de prevención donde juntamos a la plataforma antidesahucios, los sindicatos y a los bancos. Al final nos quedamos con las tres entidades financieras que se comprometieron a no desahuciar en el caso de que fuera la primera vivienda y, mientras tanto, seguimos realizando labores de mediación detrás del telón. Casos muy concretos en los que ayudamos a buscar soluciones discretas.

¿No es un pobre balance en relación a los bancos?

Es importante haber tenido ese espacio en el que hemos podido reunirnos con los bancos y ver que no tienen voluntad de ceder viviendas o facilitar el alquiler social. Nos hemos cargado de argumentos para incluir en la nueva ley mecanismos sancionadores a los bancos que mantengan sus viviendas vacías. No tiene sentido que seamos la segunda o tercera autonomía en desahucios y no se pongan a disposición de las personas que, en estos momentos, no tienen garantizado el derecho a una vivienda digna. Sin un techo es difícil que el resto de derechos se encuentren garantizados.

¿Ha habido repercusiones para los no firmantes?

Me consta que Hacienda ha tenido muy en cuenta a estas tres entidades en algunos pliegos para la contratación de servicios bancarios. El de la vivienda es un interés transversal en el Consell.

¿Cuál ha sido la respuesta de los ayuntamientos a los que ha pedido que renuncien a urbanizar más suelo?

Estamos haciendo una planificación supramunicipal que nunca se había hecho. Tenemos vocación de poner las luces largas y planificar el territorio desde la Conselleria respetando siempre la autonomía municipal. Creo que con el Plan de Acción Territorial de la infraestructura verde del litoral (Pativel) hemos evitado la tentación, si existía, de intentar algún tipo de desarrollo urbanístico para las zonas más valiosas de nuestro litoral. El Pativel se basa en dos pilares: garantizar la seguridad jurídica y evitar la responsabilidad jurídica de las administraciones mientras llega un nuevo modelo territorial en el que habrá mas protección, o mejor con el que vamos a poner en valor el paisaje y nuestra costa.

¿Hay resultados?

El último dato es que hemos evitado ya con estas medidas la urbanización de unos 13 millones de metros cuadrados y lo hemos hecho de la mano de los ayuntamientos. Creo que aquí existe también una hoja de ruta compartida con los ayuntamientos.

¿Detecta tensiones urbanizadoras? ¿Es posible que vuelva el modelo depredador?

Estamos trabajando para que no se vuelva a repetir con instrumentos como los PAT metropolitanos de Valencia, Alicante-Elche y Castellón, con el carácter vinculante de la estrategia territorial y la futura modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup). Lo importante es racionalizar los nuevos crecimientos, a los que no renunciamos, pero queremos hacerlos sostenibles.

¿Les llega el presupuesto para mantener las carreteras?

Hemos presupuestado 49 millones y gastado ya 39. Estamos dando mucha prioridad a las inversiones que realizamos.

¿Cómo le sienta que desde el PP les digan que dejen de llorar ante Madrid y se pongan a gestionar?

Gran parte de nuestros problemas es que la Comunidad Valenciana ha tenido 20 años de un gobierno del PP que ha sido sumiso con el Gobierno de España. Uno de los objetivos marcados por el Consell es reivindicar la mejora de la financiación y conseguir de Fomento las inversiones que nos corresponden. No se trata de llorar sino de reivindicar lo que es justo. De tanto callar nos hemos convertido en una comunidad invisible para el Gobierno de España.

Muchos frentes y ningún interlocutor...

Cuando llegamos al Consell había en Madrid un Gobierno que no estaba en funciones y que gobernaba con mayoría absoluta; tampoco hubo entonces una excesiva lealtad institucional por parte de la ministra Ana Pastor. Ahora hay un gobierno en funciones y una situación mucho más complicada pero siguen sin mirar a esta comunidad y, por tanto, vamos a continuar exigiendo lo que creemos justo.

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