Después de años de investigación, el instructor del proceso abierto por presuntos amaños en el PGOU de Alicante, el magistrado Manrique Tejada, está ya en disposición de decidir si archiva las actuaciones o si por el contrario, como todo parece indicar, eleva el procedimiento a la Audiencia para su enjuiciamiento.
La Audiencia notificó ayer la resolución del último recurso que le quedaba pendiente en la que revoca el archivo de la causa para Pablo Rico, uno de los investigados por llevar dinero del empresario Enrique Ortiz al exalcalde de la ciudad Luis Díaz Alperi, ambos encausados, entre otros, en este proceso.
El mantenimiento de Rico en las actuaciones, como reclamaba el fiscal Felipe Briones y Esquerra Unida, que recurrieron el sobreseimiento, se produce después de que esta misma semana la Audiencia haya tomado idéntica determinación en el caso de Santiago Bernáldez, un hombre próximo a Ortiz e investigado por los mismo hechos que Rico: haber entregado a Alperi más de 400.000 euros en el otoño de 2008.
El informe de la Policía acerca de varias extracciones bancarias efectuadas por personas del entorno de Ortiz concluyó que el exregidor consumó un delito de cohecho al recibir grandes cantidades de dinero procedentes de cuentas ligadas al empresario, que habrían ido destinadas a sufragar las viviendas de la urbanización de la zona del Golf promovida por Ortiz donde residen las hijas de Alperi.
Investigadores y acusaciones sostienen que Ortiz compensó los gastos generados por las hipotecas de las viviendas de las dos hijas de Alperi haciéndole llegar el importe adelantado por ambas. En el informe se recoge asimismo que en las entregas del dinero al político del PP también intervinieron un hermano y la mujer de Ortiz, quienes continúan en la causa junto a la exalcaldesa Sonia Castedo, a los exsocios del bufete Salvetti José Luis Castedo y Javier Gutiérrez, al redactor de PGOU, Jesús Quesada, y al empresario ilicitano Ramón Salvador Águeda.
Sin entrar en el fondo del asunto, Tejada se basó en la posible prescripción de los hechos para acordar el archivo de las actuaciones para Rico y Bernáldez, que ahora la Audiencia ha revocado por prematuro.
El instructor sostenía que las entregas de dinero se produjeron el octubre de 2008, que por la posible cooperación en el delito de cohecho que él entiende que se pudo cometer ni Bernáldez ni Rico podrían ser condenados a más de cuatro años de prisión y que, en este caso, la prescripción estaría fijada en los cinco años, es decir, que los hechos llevarían prescritos desde octubre de 2013.
Auto
Con las resoluciones notificadas esta semana, y dado que no existen diligencias pendientes de practicar, al instructor sólo le queda certificar el fin de la instrucción elaborando el auto de pase a procedimiento abreviado en el que, o bien puede dar carpetazo al asunto, o, por el contrario, determinar lo que vendría a ser el procesamiento de aquellos que determine concretando el grado de responsabilidad de cada uno en los hechos que se les imputan. Sería el primer paso de una serie de trámites para llegar al señalamiento del día en que comenzaría la vista oral.
