Caso omiso. Esa ha sido la respuesta política del Gobierno de España al acto que el Consell organizó el miércoles en Madrid para exigir una reforma del sistema de financiación y dotar de proyección nacional al llamado «problema valenciano». El gesto oficial de uno de los ministerios más implicados en la financiación a las comunidades autónomas, el de Hacienda, ha sido precisamente ignorar cuanto aconteció en el Círculo de Bellas Artes de la capital de España.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas y número dos del ministro Cristóbal Montoro, Antonio Beteta, criticó ayer el acto reivindicativo de Madrid por sustituir lo que cree que tendría que haber hecho el presidente de la Generalitat, Ximo Puig: mantener una reunión por el bien de la Comunidad Valenciana con el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Este ha sido el argumento público que ha hecho suyo el PP para menospreciar la reivindicación del Consell en Madrid y que también se ha podido escuchar de la boca de la portavoz del grupo popular en las Cortes Valencianas, Isabel Bonig.
A preguntas de los periodistas sobre si atenderá la demanda del gobierno valenciano, Beteta se limitó ayer a contestar que él no atiende mítines e instó al jefe del Consell a buscar soluciones en su despacho. «Yo no atiendo mítines, si quieren hablar de problemas que vengan a mi despacho, que es donde se solucionan las cosas», subrayó.
A vueltas con las cifras
Beteta, que ayer acompañó al presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, en la inauguración del foro «Historia, presente y futuro de las Diputaciones» que se celebra durante este jueves y viernes en el Auditorio Provincial de Alicante, manifestó que es «una pena que el presidente de la Generalitat no aprovechara para visitar al ministro de Hacienda» el mismo día. Cabe recordar que con quien sí se reunió Montoro fue con Isabel Bonig, una cita que desde el Consell se tildó de desleal y de boicot por contraprogramación. En el encuentro, Montoro facilitó datos sobre el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que todavía no se habían hecho llegar por escrito a la Generalitat, según explicaron fuentes del ejecutivo autonómico. Bonig aprovechó la munición para cargar contra el Consell, al que acusó de ocultar los datos del desbloqueo de un tramo del dinero del rescate superior a 2.000 millones de euros que, según el ministro de Hacienda, ya se habían enviado a las arcas autonómicas.
El hombre fuerte de Montoro admitió ayer una vez más que la Comunidad está infrafinanciada y recordó que la comisión de expertos que tiene que abordar este asunto económico seguía el lunes esperando que la Generalitat diera el nombre del suyo. «Parece que algunos tienen interés en hacer un acto público mientras otros tienen interés en trabajar con distintos expertos en financiación para promover una reforma del sistema», sentenció.
Desde el Consell, la reunión de Bonig con Montoro seguía ayer coleando. «¿Cómo se pueden dar datos a la portavoz del grupo popular de las Cortes el mismo día en que vamos a un acto a Madrid antes de entregarlos al gobierno valenciano?», se preguntaban fuentes del ejecutivo, que también tildaron de «hipocresía» que Bonig hable de unidad cuando se trata de financiación «y luego evidencie que la unidad se acaba fuera de las fronteras de la Comunidad». De hecho, el grupo parlamentario popular firmó el acuerdo de todos los partidos para reivindicar la financiación, un acuerdo que también se impulsó desde Presidencia.
El despliegue que el ejecutivo valenciano presentó en Madrid no ha obtenido más que desprecio como respuesta por parte del Gobierno estatal. La visibilidad nacional que el Consell quiso darle al «problema valenciano» es aire, bombo y discurso «mitinero» para el PP, que no llevó a ninguno de sus representantes al acto de Madrid pese a estar invitados todos los diputados -sólo acudió Alejandro Font de Mora en calidad de vicepresidente de las Cortes-. Nada que no se esperase.
Por su parte, Oltra lamentó ayer que el PP no reconociera el esfuerzo realizado, porque para el Consell lo más valioso es que se presentó una propuesta que defendió con datos y contundencia el economista Francisco Pérez. Una solución, dijo Oltra, «que puede ayudar a otras comunidades autónomas que también están en una situación de infrafinanciación, aunque no en la situación dramática en la que está inmersa la Comunidad Valenciana».
Por otro lado, la número dos del Consell aprovechó las preguntas de los medios de comunicación para atacar la gestión del ministro de Hacienda y subrayó que con las leyes de Cristóbal Montoro «de aquí a diez años nos habremos quedado sin Comunidad». La vicepresidenta se pronunció así al ser preguntada por las palabras de la interventora general de la Generalitat, Amparo Adam, quien ha reclamado a las Cortes Valencianas «más recursos humanos de personal de servicio» para el desarrollo de su actividad. «Es que además de infrafinanciados también estamos a la cola en empleados públicos», añadió Oltra. Para ilustrar sus palabras puso como ejemplo a la Comunidad extremeña. «Extremadura nos dobla en empleados públicos», cifró.
La vicepresidenta volvió a pedir a Cristóbal Montoro que les quite «la bota de encima» con la Ley de Estabilidad y las tasas de reposición para no seguir mermando las cifras de empleados públicos. «Tenemos falta de personal y de las plantillas al no renovarse», subrayó.
