La exconsellera de Bienestar Social Alicia de Miguel aseguró ayer que, cuando llegó a esta Conselleria, en junio de 2003, el concurso de residencias «ya estaba adjudicado» y que, basándose en el mismo, se adjudicaron las plazas de accesibilidad social «conforme a la legalidad». Según la agencia Efe, en su comparecencia en la comisión de las Cortes que investiga el proceso de adjudicación de las plazas para personas dependientes, en concreto a los centros del grupo Savia, De Miguel dijo que de haberse querido beneficiar a alguien, ella era «zaplanista» y por ello habría sido «la última en haberse enterado».

Según explicó, cuando ella ocupó la Conselleria heredó el «modelo Blasco» de concesión de residencias, el concurso de las mismas que se pone en entredicho «ya estaba adjudicado», y, según el mismo, «se fue adjudicando plazas» pero siempre «atendiendo a la legalidad del pliego».

Ciudadanos, Compromís y PSPV ponían ayer en duda el proceso seguido, las prórrogas otorgadas por De Miguel y que no hubiera un trato de favor respecto a algunas adjudicatarias. Los partidos de izquierdas dudaron además de que la exconsellera no supiera nada de «mordidas». De Miguel negó todas las acusaciones y dijo que «nadie en ningún momento denunció el pliego».