Compromís finalmente no llevará a los tribunales al presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Calp, el popular César Sánchez, pese a no inhibirse en la votación de una obra -dos rotondas- que afectaba a los terrenos vinculados a su suegra en el término municipal de Calp. Así lo anunció ayer el portavoz de la formación nacionalista en la institución provincial, Gerard Fullana, minutos después de lograr un acuerdo con el PP -y el resto de grupos- para promover un plan de inversiones en carreteras de la provincia bajo «criterios técnicos». El pleno, por unanimidad, acordó la creación de un grupo de trabajo que coordine el proceso para elaborar el desarrollo de las inversiones, incidiendo en la «priorización bajo parámetros técnicos concretos y explícitos», y además se elaborará un calendario lo «más concreto posible» de prioridades en las actuaciones.

Fullana, que ya contaba con el apoyo previo del PSOE, y Sánchez negociaron los detalles del acuerdo minutos antes de la celebración del pleno de ayer, correspondiente al mes de octubre. Con la luz verde a un proyecto que estaba hace meses sobre la mesa de Compromís se desactiva la posible denuncia ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo que estaban preparando la formación nacionalista y sus abogados contra el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, después de que el pleno tumbase en julio el recurso de reposición presentado por Compromís contra un acuerdo plenario en el que se concedió una ayuda para mejorar los accesos a Calp y Benissa. En mayo, Sánchez logró gracias a su voto de calidad -ante el empate por la abstención del tránsfuga Fernando Sepulcre (ex de Ciudadanos)- que la Diputación concediese una subvención de más de dos millones de euros para la construcción de las dos polémicas rotondas.

La luz y taquígrafos que busca Compromís en el nuevo plan de carreteras llevará a que la institución provincial publique en su Portal de Transparencia las prioridades establecidas por los técnicos, una vez recibidas las alegaciones de los municipios.

Por otro lado, el pleno de la Diputación de Alicante tumbó ayer, con los votos en contra de los diputados del PP y la abstención de Fernando Sepulcre (ex de Ciudadanos), la propuesta de Compromís de reducir en más de 400.000 euros el total de la subvención a los grupos políticos en la Diputación de Alicante para el próximo año.

Compromís, con el apoyo de PSOE y EU, pretendía que el presupuesto de 2017 contemplase como subvención a los grupos un gasto básico de 6.000 euros por partido y 3.000 euros variables por diputado, cifras pactadas por unanimidad en el mes de julio de 2015, con el inicio de la legislatura, y que fueron multiplicadas por cuatro a finales de ese mismo año, gracias a un pacto de alto nivel entre PP y PSOE, del que renegaron después los socialistas, admitiendo el «error» del acuerdo.

El portavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana, subrayó que la actual subvención que ronda los 518.000 euros en total es «desproporcionada», motivo por el que en su momento tanto su formación, como los socialistas -pese a que se aprobó gracias a su voto- y Ciudadanos -antes de que Sepulcre abandonase el partido- renunciaron a solicitar la cantidad que les correspondía, y optaron por pedir la acordada al inicio del actual mandato.

Por su parte, Carlos Castillo (PP) tendió ayer la mano al resto de grupos de la Diputación para negociar una nueva cuantía para el próximo año, que a priori sería superior a la pactada en julio de 2015 e inferior a la vigente. «La democracia tiene un coste, aunque quizá nos equivocamos en las cifras. Me comprometo a revisar el convenio para 2017. No sé si llegaremos a un acuerdo, pero tenemos el propósito», apuntó Castillo, en una invitación que le aceptaron el resto de grupos.