La interventora general de la Generalitat Valenciana, Amparo Adam, defendió ayer la necesidad de contar con más personal y recursos materiales, ya que por ejemplo la falta de «medios adecuados» ha impedido poner en marcha el plan de control financiero de subvenciones. La interventora, que compareció ayer en la comisión de Economía de las Cortes Valencianas para informar, a petición del PP, sobre su plan de trabajo al frente de este departamento, defendió la profesionalidad de los interventores y su independencia funcional, a la vez que aseguró que no reciben presiones para desarrollar su trabajo.

El diputado del PP Rubén Ibáñez explicó que ha pedido los informes de las Intervenciones de todas las consellerias, y de la información que ha recibido hasta el momento se desprende que hay cinco departamentos que tienen «tres reparos a la semana», por ejemplo por fraccionar contratos o minorar subvenciones. Así, indicó que el caso de la Vicepresidencia del Consell -con Mónica Oltra al frente- es «tremendo», ya que tiene «reparos» a quince contratos por fraccionarlos «obviando los requisitos de publicidad y procedimiento, omitiendo la fiscalización previa» y sin que se acredite «la competencia del órgano que adjudica el contrato». Ibáñez añadió que en Vicepresidencia hay también «reparos» en minoraciones de cuatro ayudas a enfermos mentales, y en varias órdenes, como en la convocatoria de ayudas a las víctimas de violencia machista o en el sostenimiento de centros de día. Ibáñez explicó que, en la Conselleria de Vivienda, la Intervención ha puesto reparos a la convocatoria de ayudas al alquiler, de ocho millones de euros; a la orden de ayudas a la rehabilitación, de dieciocho millones, o a las obras de un centro educativo infantil en Paiporta, porque no hay informe técnico ni motivo para modificar el contrato. Por otro lado, también subrayó que en esas consellerias hay de media «una extrajudicial a la semana», por un importe global que superaba los diez millones de euros hasta junio, por ejemplo para pagar el alquiler de unos juzgados, y destacó además que el Consell «es un Gobierno bastante reparado», y no por «reparos menores».

La interventora general matizó que no es lo mismo una observación que un reparo y explicó que en este último caso el interventor firma un informe de disconformidad y entonces se puede plantear una discrepancia a la Intervención general, algo que ha ocurrido «de vez en cuando», como en la Conselleria de Vivienda. «En general, discrepancias no tenemos muchas y normalmente las Intervenciones hacen muchas observaciones complementarias», resaltó Adam, quien apuntó ayer durante la comisión de Economía en las Cortes que muchas veces se pueden subsanar esas observaciones, que no conllevan una discrepancia ante la Intervención General de la Generalitat.

El popular Ibáñez le preguntó a la Intervención además si se ha fiscalizado el viaje que la vicepresidenta, Mónica Oltra (Compromís), realizó a Grecia, a lo que Adam indicó ayer que esos gastos no han pasado por la Intervención General de la Generalitat y no los conoce, si bien precisó que hay gastos que pasan por las Intervenciones de las consellerias.

Por último, la interventora rehusó hacer «valoraciones políticas» o pronunciarse sobre aspectos como la ejecución del Presupuesto o el Plan Económico Financiero, ya que corresponden a los gestores económicos.