La Generalitat Valenciana puso ayer todo su empeño en convertir el Círculo de Bellas Artes de Madrid en el epicentro de una reclamación histórica para la Comunidad Valenciana: la mejora de su financiación. Con el Consell al completo y el presidente Ximo Puig abanderando el foro, la capital de España fue el eco del grito de la Generalitat contra el expolio económico que sufre esta autonomía, al que Puig se refirió como una «cuestión de Estado». Para el jefe del Consell, el llamado «problema valenciano» no se tiene que quedar solo en la Comunidad, y exigió que se ponga fin al ahogo que «sufren los valencianos» por ser anticonstitucional, palabras que repitieron también en su disurso la vicepresidenta Mónica Oltra y el presidente de las Cortes, Enric Morera.

Para dotar al «problema valenciano» de carácter nacional, Puig se sumó a la petición de otros mandatarios autonómicos de convocar la Conferencia de Presidentes para estudiar el cambio de la financiación así como una flexibilización de las multas impuestas por Europa por el incumplimiento del déficit «y que terminamos pagando las comunidades», añadió. «Lo que conviene a España no puede ser monopolio de la Administración central», apostilló un día después de haber presenciado el debate sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana en el Congreso de los Diputados para exigir que las transferencias de los presupuestos del Estado sean acordes al número poblacional.

Con este discurso reivindicativo, pero con un tono menos punzante del que cabría esperar de un acto como el de ayer, el presidente apeló al sentir de toda la sociedad valenciana ante las 200 personas que respaldaron el evento entre cargos públicos y representantes de la sociedad económica y civil, tanto de la Comunidad como del Estado y donde la presencia alicantina fue más bien ajustada frente al despliegue de representantes públicos autonómicos y nacionales.

La puesta en escena era la estudiada. Sobre esa confluencia de escalas de la administración (local, provincial, autonómica y nacional) se asentaban las bases del objetivo del Consell: dar peso en Madrid al problema de la financiación autonómica y situarla en la línea de las cuestiones de Estado. Los argumentos utilizados ayer ya se habían reflejado en otras ocasiones, y entre ellos destacó de nuevo el hecho de que la Valenciana sea la única autonomía que pese a ser más pobre que otras aporta al conjunto de la caja común más de lo que recibe en gasto público.

El primero en subir al estrado para defender un nuevo modelo de financiación fue el presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, quien recordó que el acto reivindicativo de ayer no busca que la Comunidad Valenciana «sea más que otras, pero tampoco menos». «Venimos a exigir principios consagrados en la Constitución», destacó.

Tras acabar Morera, el economista Francisco Pérez defendió las líneas básicas que debe tener el nuevo modelo de financiación. Recordó que hace un año las Cortes ya votaron un acuerdo histórico para impulsar un frente común por la financiación. Este modelo que lucha el Consell y del que ha elaborado una propuesta para que sea asumido por el resto de comunidades se asienta, recordó el economista, en la garantía de un nivel mínimo de los servicios básicos, con autosuficiencia en distintas competencias y la capacidad normativa sobre los impuestos.

La vicepresidenta Oltra hizo también un repaso de todas las consecuencias que el expolio tiene para la Comunidad, pero culminó su discurso de la manera más política que podía hacerse ayer: critiando a la portavoz del PP en las Cortes, Isabel Boning, por reunirse con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro esa misma mañana en Madrid en un encuentro que calificó de deslealtad. Según Oltra, el ministro Montoro -que no acudió al acto pese a haber sido invitado, al igual que Boning- hizo gala de su continuo «chantaje» y facilitó datos sobre el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a la síndica del PP que todavía no se habían hecho llegar por escrito a la Generalitat, según explicaron fuentes oficiales del Consell. Se trata de las cifras del desbloqueo de un tramo del rescate superior a 2.000 millones de euros -que en realidad es un préstamo que el gobierno valenciano tendrá que devolver- y que según Cristóbal Montoro ya se han enviado a las arcas autonómicas.

Aunque no en el estrado, pero sí fuera de él, Ximo Puig también interpretó como un boicot y una «deslealtad» la presencia de Bonig ayer en Madrid y recordó que ningún dirigente del PP -salvo el diputado autonómico Alejandro Font de Mora- acudió al acto pese a estar invitados todos los diputados. La presencia del popular Font de Mora se justificó en que es el vicepresidente de la mesa de las Cortes Valencianas.