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La UDEF desvincula a Ortiz de los pagarés de la técnico a la que se investigó por Rabasa

Los agentes descartan la participación del empresario en unas operaciones de unos 7, 5 millones de pesetas

Enrique Ortiz junto a su letrado, Francisco Ruiz Marco rafa arjones/ Morell

El empresario Enrique Ortiz no tuvo participación alguna en las operaciones con unos pagarés de siete millones y medio de pesetas que se llevaron a cabo en el entorno familiar de Isabel Campos, exjefa jurídica de Urbanismo durante el mandato de la popular Sonia Castedo e investigada, junto a otros, en el proceso abierto por la tramitación de macroplan urbanístico de Rabasa. La causa se encuentra en la actualidad pendiente de que el juzgado la remita a la Audiencia para resolver los recursos que contra su archivo ha presentado el fiscal anticorrupción y las acusaciones populares, que se ejercen en nombre de EU y del PSOE.

Cinco meses después de que el magistrado César Martínez diera carpetazo a este procedimiento bajo el argumento, entre otros, de que intentar agilizar la tramitación de un plan urbanístico no es delito, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría de Alicante ha entregado en el juzgado un informe con el resultado de las pesquisas sobre este asunto en el que se desvincula por completo al empresario del asunto de los pagarés.

La relación entre Ortiz, también investigado en la causa de Rabasa, y los documentos de pago se estableció a raiz de una conversación intervenida entre el promotor y la técnico municipal el 31 de marzo de 2009 en la que ésta le proponía un «negoci». Le concretaba que su marido tenía unos pagarés de una empresa importante, sin relación con la construcción, de siete millones y medio (cantidad que en principio se interpretó como euros pero que luego resultaron ser pesetas) con un 15% de beneficio. El juez ordenó indagar este extremo, una investigación cuya demora llevó al juzgado a realizar varios requerimientos a la Policía. Pero unos días antes de que se dictara el archivo la UDEF informó de la necesidad de «seguir completando la investigación», criterio que no compartió el juez y que las acusaciones han utilizado en su recurso contra el archivo, en el que han hecho constar que éste se acordó cuando quedaba pendiente de realizar la diligencia. «En dos años de conversaciones telefónicas del señor Ortiz, este asunto no se vuelve a oir nada más», recalcaba el magistrado.

Con anterioridad, y a fin de profundizar en estos hechos, el juzgado acordó una investigación del patrimonio de la técnico y su esposo y seis mercantiles en las que éste aparecía en el consejo de administración. Según el auto, tras un año esperando el informe policial, «éste se presentó en el juzgado el 6 de mayo de 2016 con resultado infructuoso a los efectos pretendidos».

En la investigación, «lo único que apareció es una remesa de cheques de una mercantil cuya cantidad no coincide ni de forma individual ni sumada, que además ni siquiera se afirma que tengan relación con el señor Ortiz», argumentaba el magistrado. Por tanto, sostenía, el resultado debe ser el cierre de la investigación «porque lo contrario sería, sencillamente, mantenerla abierta de manera artificial, lo que no es legítimo», afirmaba en el auto.

¿Dónde está el delito?

Francisco Ruiz Marco, abogado del promotor, ya alertó en su momento de la «inutilidad» de la práctica de estas diligencias. El letrado llamaba la atención sobre el hecho de que el fiscal en ningún momento describía, en relación con los pagarés, cuál era el delito que supuestamente había cometido la funcionaria y cuál era la conducta delictiva que se le atribuía a Ortiz.

El abogado tampoco pasaba por alto que «en tres años de grabación de conversaciones telefónicas los interlocutores hablen siempre en millones de euros y justo en esa lo hagan en millones de pesetas». Una matización directamente relacionada con la propuesta de la UDEF de comprobar si los siete millones y medio eran de pesetas después de no haber dado con el rastro de ningún documento por esa misma cantidad en euros.

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