El Gobierno de Rajoy «contraprograma» a la Generalitat

El Congreso coloca el debate para fijar en el Estatuto de Autonomía un cupo de inversiones mínimas 24 horas antes de la protesta del Consell en Madrid

29.09.2016 | 00:56

El Congreso de los Diputados debatirá sobre la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad para fijar un techo de inversiones mínimo del Estado –aproximadamente 500 millones anuales– el próximo martes por la tarde, según informaron desde las Cortes. La fecha para el debate no es casual. Se produce apenas 24 horas antes del acto que la Generalitat ha convocado en Madrid para reivindicar la financiación y que supone el primer movimiento del Consell fuera de la Comunidad Valenciana para exigir un trato justo en la distribución de los fondos del Estado.

Como se recordará, esta reforma del Estatuto, aprobada en las Cortes en época de Francisco Camps, ya se ha debatido en tres ocasiones en el Congreso durante el año y medio que llevamos de este mandato autonómico. La última, de hecho, durante la breve legislatura anterior. El texto salió adelante con los votos de todos los grupos, con la única excepción de Ciudadanos. Pero la propuesta acabó decayendo al producirse la disolución del parlamento de España ante el bloqueo político y la convocatoria de las segundas elecciones generales. Así que ahora el asunto se tiene que volver a abordar. Todo indica que, como ya ocurrió hace unos meses, la reforma saldrá adelante con un respaldo mayoritario. O sea que el objetivo, al menos así lo parece, es el de neutralizar la acción del Consell en Madrid para exigir más financiación al Estado. Actualmente, la Comunidad recibe unos 1.300 millones menos de lo que en realidad le correspondería. Y eso no le permite cubrir ni la Sanidad ni tampoco la Educación. El actual sistema de financiación está caducado desde enero de 2014.

Todo ese proceso obliga a volver a convocar una reunión de la Junta de Portavoces de las Cortes, una sesión que se realizará hoy mismo a partir de las once horas. Tendrán que nombrar a tres representantes para defender el texto. Lo normal es que a Madrid vaya un representante socialista, otro de Compromís y un tercero del PP, fuerzas políticas que aprobaron la reforma en su momento. Esta aprobación inicial abriría una larga tramitación que culminaría con una consulta. La posibilidad de unas terceras elecciones volvería a dejar toda esa reforma legal en el aire.

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