La investigación arrancó en el año 2011 para determinar si hubo componendas entre un funcionario de la concejalía de Atención Urbana y dos mercantiles, Becsa y Civil de Construcción Mantenimiento y Servicios (CCMS) para repartirse proyectos de obra pública en Alicante del llamado Plan E, con el que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero trataba de reactivar la actividad económica. Las diligencias tratan de determinar si hubo componendas entre el funcionario y los representantes de ambas mercantiles para repartirse los proyectos. Las obras bajo sospecha son la renovación del Paseo de la Explanada, la remodelación de la Plaza de la Montañeta y la instalación de contenedores soterrados en el caso antiguo. Las vinculaciones familiares del exconcejal con una de las empresas que acabó instalando los contenedores motivó que el juzgado acabara investigando las circunstancias en las que se hicieron estas adjudicaciones. El juzgado ya citó al hermano del exconcejal a declarar como testigo, que admitió la relación con las empresas que realizaron las obras. La investigación por el momento sólo se ha centrado en los contenedores soterrados en el casco antiguo de Alicante y por el momento no se centra en otros instalados en el resto de la ciudad, donde también intervino el hermano de Llorens. Por estos hechos, la Policía detuvo al funcionario y a los dos empresarios en el verano de 2011 y el juzgado les dejó en libertad, aunque éstos se negaron en su día a prestar declaración.
