Plan E

Llorens se desvincula de la adjudicación de obras a una empresa ligada a su hermano

El exvicealcalde de Alicante declara que la instalación de contenedores soterrados recayó en otra mercantil y fue ésta la que decidió subcontratar los trabajos El exedil mantiene que fueron los técnicos los que se encargaron de las concesiones

28.09.2016 | 09:38
Llorens se desvincula de la adjudicación de obras a una empresa ligada a su hermano

El exvicealcalde y exconcejal de Atención Urbana del Ayuntamiento de Alicante, Andrés Llorens, se desvinculó ayer de adjudicaciones municipales de obras del Plan E a una mercantil donde trabajaba su hermano. Llorens acudió ayer al juzgado de Instrucción número dos de Alicante a declarar en calidad de investigado (figura que sustituye a la del imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) por presuntos delitos de malversación y prevaricación.

La juez investiga si hubo algún trato de favor en la contratación de la mercantil donde trabajaba el hermano del exconcejal para la instalación de contenedores soterrados en el casco antiguo de Alicante. Llorens explicó que las obras se adjudicaron a la mercantil Becsa y que fue ésta la que después adquirió los contenedores a Sedni, empresa en la que trabajaba su hermano Felipe Llorens. A la salida del juzgado, Llorens admitió la relación de su hermano con Sedni, «era un trabajador en una empresa en la que también estaba el sobrino carnal de la denunciante, la señora Carmen Sánchez Brufal», pero recalcó que no había tenido nada que ver en la decisión de adjudicar los trabajos, ni intervino en el proceso de contratación.

El hermano del exconcejal tiene relaciones con dos de las empresas que intervinieron en el proceso para la instalación de los contenedores. Por un lado, era el delegado para la Comunidad Valenciana de Sedni, la empresa que suministró los contenedores investigados. Asimismo Felipe Llorens también se encargó de realizar servicios como autónomo para la mercantil que realizó la instalación de los contenedores. Un total de cuarenta contenedores soterrados se instalaron en el casco antiguo de la ciudad, pero además se repartieron un centenar más en otras zonas de la ciudad. Por estos trabajos, recibió 19.470 euros en calidad de autónomo de una de las empresas investigadas y con la que no tenía vinculación laboral.

Llorens aseguró a la salida del juzgado que la actuación del Ayuntamiento había sido «honesta, correcta y transparente» y que había contestado a las preguntas del juez y el fiscal. El exedil sólo se negó a responder a las preguntas de la acusación particular, que ejerce la exdirigente socialista Carmen Sánchez Brufal. Llorens lanzó un pequeño dardo a su denunciante al señalar a la salida del juzgado que un sobrino carnal de ésta también había trabajado para la misma mercantil que su hermano. Sánchez Brufal también ejerció la acusación particular en el juicio por las presuntas irregularidades en la adjudicación de la Plaza de Magallanes, en el que el pasado verano fue absuelto por la Audiencia Provincial. El exedil estuvo cerca de una hora declarando ante la magistrada y aseguró que estaba «muy satisfecho de aportar mi granito de arena para esclarecer la actuación».

El exvicealcalde de Alicante señaló que todo el proceso para la adjudicación de los trabajos se delegó en los técnicos y que él se mantuvo al margen. «Había una necesidad de sacar adelante el proyecto para poder financiarlos con los fondos del Plan E. Fueron los técnicos quienes presentaron las propuestas y yo no intervine en el proceso de adjudicación».

«Naturalmente sabía que mi hermano trabajaba para Sedni, pero no hubo ninguna vinculación. Fue Becsa la que decidió subcontratar y yo desconocía que la empresa fuera a hacerlo», explicó. «Becsa está en su derecho de subcontratar o no», manifestó, a lo que añadió que el Ayuntamiento no tuvo nada que ver.

La investigación judicial apunta a que las adjudicatarias de los proyectos investigados eran las que redactaban los pliegos de condiciones para los trabajos a los que optaban. Los informes de la Policía apuntaban a que las adjudicatarias y el funcionario investigados pactaban de antemano los sobrecostes que iban a tener los trabajos bajo sospecha. Hasta la imputación de Llorens, sólo estaban encausados un funcionario y dos empresarios.

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