Ni manipuló la adjudicación del macrovertedero de la Vega Baja ni se ha acreditado que recibiera beneficio alguno por esos supuestos amaños. Así de claro lo afirma la defensa del expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll en el escrito que contra las acusaciones en el proceso abierto por la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja acaba de presentar en el juzgado.
Un causa en la que al también expresidente de la Autoridad Portuaria de Alicante la Fiscalía Anticorrupción le reclama 16 de cárcel y casi medio siglo de inhabilitación para cargo público, además de una multa de un millón de euros por los delitos de cohecho, información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios.
El fiscal sostiene que Ripoll, actualmente apartado de la vida pública, se prevalió de su cargo para beneficiar a los empresarios Ángel Fenoll y Enrique OrtizÁngel Fenoll y Enrique Ortiz en la adjudicación de este proyecto en perjuicio del interés general, así como para obtener prebendas que irían desde viajes a dinero en metálico pasando por dos pisos, aunque la compra de estos inmuebles, al igual que el macrovertedero, no se llegó a materializar.
«Resulta sorprendente que se insista en la existencia de irregularidades y maniobras de carácter fraudulento tendentes a lograr un objetivo muy concreto y que sin embargo nunca se logre», afirma la defensa de Ripoll en alusión a que al final se adjudicara la planta de residuos a la Ute participada por el constructor Enrique Ortiz cuando supuestamente la apuesta inicial del expolítico popular era Ángel Fenoll, el otro empresario que pujaba por este proyecto y también acusado junto a Ortiz y otras diez personas más en este procedimiento.
Quien fuera también vicepresidente del Consell pone especial empeño en recordar que «no consta ni mínimamente acreditado» que Fenoll le ofreciera dos pisos en el centro de Alicante valorados en un millón de euros, unos inmuebles que las acusaciones consideran prebendas en agradecimiento al apoyo que le habría prestado. Ni los pisos ni su valor en dinero asegura Ripoll que ha recibido aunque nada aduce en su escrito de defensa al hecho de que, como sostienen investigadores y acusaciones, gastara 9.000 euros al mes durante dos años y medio sin necesidad de tocar sus cuentas. En los 30 meses que se sometió a estudio el patrimonio del presidente de la Diputación (entre enero de 2008 y junio de 2010) la Policía constató que no existían cargos relacionados con diversos aspectos de la vida cotidiana «tales como productos alimenticios, combustible, comidas y bebidas fuera del hogar... ». En este periodo, en la unidad familiar únicamente se realizó una extracción de dinero en un cajero, y fue de 20 euros, y tampoco se detectaron otras retiradas en efectivo.
En opinión de Ripoll, los hechos a los que hace referencia el fiscal «sólo subsisten en su mente» por lo que considera «difícil, por no decir quimérico, desmontar la imputación de conductas que nunca se han dado en el mundo real y que sólo obedecen a un entendible, aunque desmesurado, celo acusador». Su defensa recuerda el carácter colegiado del consorcio que tenía que adjudicar el vertedero y no considera que los viajes que realizó el político en el yate de Ortiz fueran como pago a sus gestiones porque, asegura, «nada tenía que agradecerle el sr. Ortiz a Ripoll» dado que la concesión de la planta a la Ute de la que formaba parte el constructor «fue una decisión estrictamente técnica que nada tuvo que ver con la voluntad del sr. Ripoll», apostilla.
