La sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha abierto un procedimiento a raíz de una denuncia presentada por el Ministerio Fiscal a la vista de una serie de irregularidades que se detectaron en el informe de fiscalización de la cuenta general de la Generalitat en el ejercicio 2013. La investigación afecta a la Conselleria de Infraestructuras y Territorio que gestionaba la presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig.

Según la documentación, se investigan expedientes de contratos menores en los que no se encuentra la factura del gasto, así como ausencia de justificación documental de los criterios seguidos para elegir al contratista ya que no se solicitaron varios presupuestos. Además, en la conselleria de Bonig un total de 89 contratos menores de los 156 certificados, más de la mitad, tienen un importe de entre 17.000 y 18.000 euros, el máximo legalmente establecido, lo que hace pensar en la existencia de fragmentación para evitar el concurso público y poder realizar una adjudicación «a dedo».

El Tribunal de Cuentas también pregunta al Consell por gastos de caja fija de las consellerias de Presidencia y Agricultura, que dirigía José Císcar, y la de Economía y Empleo, cuyo responsable era Máximo Buch.

Además, la documentación del Tribunal de Cuentas enviada al Consell y que ayer desveló en las Cortes el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pone en entredicho también un contrato de la Conselleria de Gobernación en los tiempos del ya investigado por los tribunales Serafín Castellano. En concreto se refiere al servicio de helicópteros y brigadas destinadas a las tareas de extinción de incendios y del que se desprende una insuficiente justificación del trámite de urgencia o que no consta o es inadecuada la conformidad de la recepción del servicio.

Puig desveló ayer en la sesión de control celebrada en las Cortes que el Tribunal de Cuentas ha solicitado un informe sobre los contratos de la antigua Conselleria de Infraestructuras, Territorio, Agua y Medio Ambiente dirigida por Bonig ante las «irregularidades» detectadas en el Informe de Fiscalización de la Sindicatura de 2013.

Puig se refirió después en los pasillos al «campo de minas» que ha heredado el actual Consell y lamentó que no paran de llegar «denuncias de todo tipo» a la Generalitat por actuaciones anteriores, la última de ellas la petición de este informe de contratos suscritos por la conselleria de la que era titular Bonig, por los que según dijo el presidente «tendrá que ir a declarar».

El PP pide gastos de caja fija

Mientras, fuentes cercanas a Bonig señalaron que el mismo informe de la sindicatura de 2013 al que aludió Puig asegura que no existe «responsabilidad contable» de ningún tipo y que el jefe del Consell airea lo que no es más que una petición de documentación justo después de que el día anterior el grupo parlamentario del PP en las Cortes solicitara los gastos de caja fija del actual Consell.