Si quedaba algún hilo por romper entre la dirección del PP en la Comunidad Valenciana y la senadora Rita Barberá ayer saltó definitvamente por los aires. La comunicación ya era inexistente desde hace meses, pero la nueva generación del PP valenciano, la que desde hace poco más de un año lleva las riendas del partido, realizó ayer un movimiento de gran significado político, aunque con fugas dentro del grupo.
En concreto se ausentaron a la hora de la votación el diputado Miguel Domínguez, también salpicado por el presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal y el presidente provincial de Valencia, Vicente Betoret, sobre quien pende una posible imputación por el caso Taula.
En febrero, el partido que lidera Isabel Bonig rechazó apoyar el inicio del procedimiento para cambiar la ley de designación de senadores tras el estallido del caso Imelsa, pero ayer los populares se unieron al resto de grupos para exigir a la senadora que abandone el escaño. Fue a las 21.10 horas cuando se oficializó el repudio del PP a Barberá con 93 votos a favor y ninguno en contra. La diputada Elisa Díaz, hija del exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, votó desdesde casa por la baja por maternidad. Las otras ausencias, hasta los 99 diputados, fueron de otros grupos.
La bancada popular, sin sumarse al aplauso del resto de la cámara, votó a favor de exigir el escaño, con su presidenta, Isabel Bonig, al frente. La propia Bonig es una de las hijas políticas de la ahora tóxica Barberá. De ella recibió la bendición para suceder a Alberto Fabra al frente del partido. Pero entre los diputados que apoyaron la resolución había otros con una vinculación a Barberá labrada durante muchos años, como el caso del exconcejal en el Ayuntamiento de Valencia y ahora diputado Jorge Bellver, quien, paradojas de la vida, se libró de estar en la causa del pitufeo porque Barberá le pidió a Francisco Camps hace dos legislaturas que lo blindara llevándoselo a las Cortes. Bellver estuvo imputado por prevaricación, aunque después la causa fue archivada. Mientras, Domínguez, quien durante años uno de los hombres fuertes de Barberá en el ayuntamiento, se plantó, cuando al llegar a las Cortes por la mañana, se enteró de la resolución. Dejó claro al grupo que no participaría en la votación. El sí que está en la causa del pitufeo.
La ausencia del líder provincial
Betoret, por su parte, se ausentó del hemiciclo al mediodía, cuando trascendió el levantamiento del sumario de Taula. Ya no regresó por la tarde. Estuvo reunido con su equipo más cercano para analizar la situación y consensuar un comunicado público. Betoret había participado, junto con otros responsables del consejo de dirección del grupo, en las reuniones en las que se decidió la noche anterior sumarse a la propuesta de Compromís y PSPV, que avalaban todos los grupos. Según las fuentes consultadas, no se pronunció, si bien durante estos meses ha sido el único que se ha desmarcado de Isabel Bonig y ha defendido la permanencia de Barberá en el escaño.
Aunque ya no hubo más fugas para el grupo popular resultó un auténtico trauma votar contra Barberá, a quien la siguen reconociendo como un icono del PP. Prueba de ello fueron las caras durante la votación y la posterior aclaración del sentido del voto.
Todos los grupos apoyaron a última hora de ayer la resolución en la que se insta a la exalcaldesa a renunciar a su acta para «salvaguardar la dignidad de la representación de los valencianos y valencianas». La propuesta que pide a Barberá que deje su puesto tras la apertura de la causa el Tribunal Supremo por un supuesto blanqueo de capitales cerró anoche el debate de política general. Además de suscribir la resolución apoyada por todos los grupos, el PPCV registró una propia para que las Corts acuerden buscar mecanismos para que en caso de interés general o causa judicial, se articulen medidas para revisar o remover nombramientos.
Mientras, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, destacó por la mañana que la trayectoria «tan brillante» de Barberá merece una «salida digna» y, por eso, debería dejar el acta, igual que los concejales en el Ayuntamiento de Valencia, señaló. En su opinión ello no supondría «en ningún, caso un reconocimiento de culpabilidad sino retirarse a defender su honorabilidad», como argumentó la senadora para mantener su escaño en Madrid.
