La trama «criminal y organizada» del 3% que lideraba Alfonso Rus, según la Fiscalía Anticorrupción, tuvo dos etapas en los métodos de financiación. De 2004 a 2007 la falta de poder institucional del presidente del PP provincial, que «sólo» ostentaba la alcaldía del Ayuntamiento de Xàtiva, les obligó a buscar fuentes de financiación «propias» de presunto dinero en negro para no tener que depender de las inyecciones monetarias que les procuraba a cuentagotas el «recaudador» regional del PP y vicepresidente del Consell, Víctor Campos, según el relato asumido por la Guardia Civil en sus informes sobre el «Caso Taula».

Los dos surtidores de «efectivo en B» a los que se abonó la trama del 3% de Rus fueron, por una parte, las adjudicaciones amañadas de obras en colegios a través de la empresa pública Ciegsa, gracias a la inestimable ayuda de su consejero delegado Máximo Caturla. Y, otra, la «tajada» que obtenían del amaño de la concesión de plazas subvencionadas en residencias para la tercera edad.

En las 38 grabaciones que hizo Marcos Benavent entre 2005 y 2006 existen hasta diez alusiones a supuestas mordidas a cambio de intermediar para la concesión de plazas subvencionadas en este tipo de instalaciones. La Guardia Civil pregunta al exyonki del dinero por este detalle. Benavent actuaba como una especie de «comercial» que ofertaba plazas subvencionadas por la Conselleria de Bienestar Social a cambio de comisiones que debían pagar los empresarios.

Así se refleja en una conversación entre Alfonso Rus y Marcos Benavent grabada el 20 de octubre de 2005 en la que pactan decirle a una empresario: «Tú y yo tendremos que hablar de lo mío. Aquí hay un peaje de unos 20 kilos [millones de pesetas]». El recaudador de la trama del 3% explica entonces que «Alfonso Rus tenía una cercana relación con el conseller [de Bienestar Social] o con el director general de turno, con los que trataba el tema de las subvenciones» a las plazas de mayores en las residencias.

De hecho, el peaje de los «20 kilos» se reclamó al empresario de Cleop, Carlos Turró, a cambio de «la construcción de una residencia en Xàtiva, denominada Novaedat, de las que un porcentaje de plazas estaban subvencionadas». Según Benavent, Turró aceptó pagar el «peaje», construyó la residencia y aún sigue explotándola en la actualidad, tal como consta en una de sus declaraciones ante la Guardia Civil.

En el momento en el que se realizaron las grabaciones, la consellera de Bienestar Social era Alicia de Miguel, en este cargo desde el 21 de junio de 2003 hasta el 29 de junio de 2006. La exconsellera aseguró ayer no tener «ni idea» de este asunto. «No sé ni de qué va», explicó a en conversación telefónica.