El Gobierno central apuesta por dar una respuesta «conjunta y compartida» a los casos de corrupción con medidas en las que al menos podrían ponerse de acuerdo PP, PSOE y Ciudadanos (C's), afirmó ayer la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría. Tras el Consejo de Ministros, se refirió a las novedades judiciales de los últimos días y que no sólo han afectado al PP. A su entender, esto pone de manifiesto que la corrupción es un problema global que los partidos deben afrontar de forma «conjunta», más allá de que «según el día que toque» sean utilizados por las fuerzas políticas para echárselos mutuamente «a la cara».
La vicepresidenta tuvo que responder varias preguntas sobre la decisión del Tribunal Supremo (TS) de investigar a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, que no ha renunciado a su escaño de senadora territorial pese a que sí ha abandonado las filas del PP. Sáenz de Santamaría subrayó que el Gobierno no fija posición sobre personas «que están siendo investigadas», como le ocurre a Barberá, y además hizo hincapié en que la senadora «ya no es afiliada al Partido Popular».
No quiso pronunciarse sobre las peticiones que el propio PP en la Comunidad Valenciana y los demás partidos han hecho a la exalcaldesa de Valencia para que renuncie a su acta de senadora, aunque recordó que según la Constitución la titularidad del escaño no es del partido.
Al hilo de esta reflexión, Sáenz de Santamaría hizo notar las complicaciones que supondría una reforma constitucional para dar a las fuerzas políticas esta titularidad, y se preguntó «cómo casa» pedir listas abiertas con «dar la titularidad de los escaños a los partidos».
La vicepresidenta llegó a considerar un referente a Barberá en su día. Cuando hizo esas declaraciones, dijo ayer, opinaba «como muchos ciudadanos de la ciudad de Valencia que la habían votado en innumerables ocasiones y con mayorías absolutas altísimas» elecciones tras elecciones.
