La presión judicial, política y mediática han terminado por arrancar a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del Partido Popular. La decisión del Supremo de investigarla por un posible blanqueo de capitales y la coincidencia de esta decisión con las negociaciones para una posible investidura de Mariano Rajoy la han obligado a doblar la rodilla, a presentar su baja en el partido que un día contribuyó a fundar. Pero la ahora senadora no está dispuesta a tirar la toalla y se resiste a dejar su escaño en la Cámara Alta. Entregar el acta, dice, sería «una asunción de culpabilidad».

Nada más conocerse la decisión del Supremo de investigar a Rita Barberá por el pago de 1.000 euros para su propia campaña y luego recuperar ese dinero en dos billetes de 500 procedente de comisiones ilegales, la presión se hizo insostenible. Cabeza visible del estigmatizado PP valenciano y con un acuerdo de legislatura que pone en el eje de la negociación la regeneración política, todos los partidos, incluidos destacados miembros de su formación, habían pedido abiertamente su renuncia. Cualquier camino para Rajoy pasa por entregar la cabeza de Barberá.

Así pues, en las horas posteriores a la decisión del Supremo, destacados dirigentes de la calle Génova, entre ellos el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maíllo, habían hablado con ella para pedirle su renuncia. Ayer por la mañana ya se empezó a dar por hecha la dimisión y fue a primera hora de la tarde cuando emitió un comunicado -evitó comparecer personalmente ante la prensa- anunciando una salida a medias, una dimisión parcial, una solución vendible para el partido y honrosa para ella. Solicita su baja en el PP y aguanta con el acta de senadora, ahora integrada en el Grupo Mixto.

Se acoge de esta manera a una fórmula similar a la que utilizaron sus excompañeros del Ayuntamiento de Valencia cuando fueron investigados en esta misma causa. Estos pidieron su baja provisional en el partido y siguieron en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia como independientes, una manera airosa de salvar la situación que no gustó a la secretaria regional, Isabel Bonig, pero que valió en Madrid, lo que hace pensar, por otra parte, que ambas estrategias tuvieron como eje a la exalcaldesa.

Rita Barberá dice en su comunicado que la decisión del Supremo era «esperada», pues había dado esos mil euros para la campaña y por ese mismo motivo ya se estaba investigando a 49 compañeros de Valencia. Lo contrario hubiera sido «incoherente» pese a «no existir contra mí -explica- testimonio directo de incriminación, como se expresa tanto en el escrito del Juzgado número 18 de Valencia como en el del Tribunal Supremo». Es más, pide celeridad en el procedimiento para demostrar la «inexistencia de ilícito alguno».

Acogiéndose a esa premisa, pues, la que fue alcaldesa de Valencia durante 24 años expresa su voluntad de «no dimitir» de su puesto en el Senado para no trasladar a la opinión pública la idea de una «asunción de culpabilidad». Pero a renglón seguido anuncia su «muy dolorosa» decisión de pedir la baja en el partido. Lo hace, reconoce, porque así se lo han pedido desde la calle Génova y para dar una última «muestra de entrega» a la formación en la que ha militado toda la vida. Y evita, por último, ser responsabilizada «de cualquier perjuicio» a las negociaciones en marcha o que el resto de partidos aproveche su causa para «esconder sus resultados electorales».

Como parte positiva de toda esta marea de acontecimientos, Barberá asegura sentirse liberada para ejercer su defensa en los tribunales «contra las personas que hayan vulnerado el principio irrenunciable de la presunción de inocencia». «Seguiré trabajando por mi tierra, que es más que Valencia, porque es España. Esa España democrática, libre y constitucional que la mayoría deseamos», termina su misiva.

Bonig no se lo pone fácil

Ahora, Rita Barberá tiene dos frentes abiertos. El primero es su propia situación dentro del Senado. Según fuentes del PP en la Cámara Alta, el propio partido podría pedir su baja en el grupo, pero «lo normal» es que sea la propia afectada la que presente un escrito en la mesa del Senado solicitando su baja en el Grupo Popular y su adscripción al Grupo Mixto, grupo del que formaría parte como senadora independiente.

Desde el PP de la Comunidad Valenciana, desde luego, no se lo van a poner fácil. En línea con lo que ha venido manifestando desde el inicio de este caso, los populares han propuesto a las Cortes, en el marco del debate de política general, reclamar a Rita Barberá su dimisión de todos los cargos. En el partido creen que la exalcaldesa se ha quedado «a medias» y quieren retirarle, con el apoyo de todas las formaciones, la legitimidad con la que un día la designaron senadora por esta comunidad. Es más, desde el Partido Popular se presentará una segunda propuesta para que todos los cargos designados por la cámara abandonen directamente sus puestos en el momento de ser «investigados».

Pero no sólo eso, sino que ayer el PPCV se sumó a una propuesta inicial del PSPV y de Compromís a las Cortes para pedir a Barberá que deje su acta en el Senado. En un principio, lo anunciaron en los pasillos de la Cámara los portavoces del grupo socialista, Manolo Mata, y de Compromís, Fran Ferri, quienes explicaron que se trataba de una iniciativa para que todos los grupos parlamentarios «digan claramente» si quieren pedir a Barberá que deje el acta. Posteriormente, PP, Ciudadanos y Podemos se sumaron a la iniciativa.

El otro frente abierto es el judicial. Barberá tiene la opción de declarar voluntariamente ante el Supremo o bien esperar a ser llamada para deponer testimonio. Este asunto sigue siendo todavía una incógnita, aunque la declaración voluntaria aceleraría el proceso, como ella misma ha pedido en su comunicado. Ese podría ser un nuevo punto de inflexión en la agónica salida de Barberá de la vida política.