La oposición de la Diputación de Alicante -integrada por PSOE, Compromís y EU- acordaron ayer, con el voto en contra del PP y del diputado tránsfuga, Fernando Sepulcre (ex de C's), que la portavoz de EU, Raquel Pérez, sea la presidenta de la comisión de investigación que fiscalizará la gestión de las etapas de los populares José Joaquín Ripoll y Luisa Pastor. Ésta fue la primera decisión de una comisión que arrancó ayer con polémica, ya que la propuesta de nombramiento salió adelante porque el voto de los cinco representantes no fue ponderado en virtud de sus diputados. Así, el resultado final fue de tres votos a favor y dos en contra.

Desde la oposición defienden que la elección de ayer fue correcta, ya que en la propuesta del pleno, con la que se aprobó la puesta en marcha de la comisión de investigación, no se refleja el voto ponderado. Sin embargo, desde Presidencia subrayaron ayer que «todas las comisiones» de la Diputación son con voto ponderado -es decir, en función del número de diputados-, por lo que pedirán que sean los servicios jurídicos de la Diputación quienes decreten qué parte tiene razón. Desde el PP añaden que el voto ponderado también está presente en la comisión de investigación creada en la Diputación de Valencia para determinar las responsabilidades del caso Taula.

El acuerdo para que la única diputada provincial de EU presida la comisión de investigación será ahora elevado al presidente de la Diputación, el popular César Sánchez, con la intención de que dé el visto bueno, Los portavoces de la oposición ya advirtieron ayer, poco después de producirse la votación, de que Sánchez tiene potestad para tumbar el acuerdo mediante un decreto e imponer otra presidencia. Hasta la fecha, la propuesta de Sánchez ha sido su número dos, el vicepresidente Eduardo Dolón. Eso sí, la oposición ya avanzó ayer que, si el máximo dirigente de la institución provincial impone a Dolón al frente de la comisión, ellos la abandonarán.

Además, las tres formaciones también pidieron ayer que el exdiputado provincial de C's y actualmente no adscrito, Fernando Sepulcre, no pueda participar en la comisión de investigación por considerarlo un «tránsfuga» y, en este sentido, pidieron un informe jurídico a la Secretaría de la institución para que aclare la situación.

El portavoz socialista, José Chulvi, señaló que «nadie entendería que un tránsfuga formara parte de una comisión de investigación» ni tampoco que una persona del PP presida este órgano que tiene como propósito investigar a ese mismo partido durante doce años. «Es interesante que la presida la diputada de EU porque demuestra la salud democrática y arrojará luz», opinó Chulvi. Por su parte, el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, defendió que la dirigente de EU presida la comisión por «sentido común» y porque «no puede hacerlo el mismo partido al que se investiga» ya que este órgano se convertiría en una «comisión de desinformación». Además, Fullana lamentó que el PP haya «amenazado» con la posibilidad de que Sánchez imponga la presidencia: «Sería escandaloso». La recién elegida, Raquel Pérez, defendió su designación bajo la premisa de que «es imposible que el PP se autoinvestigue» porque sería «un teatro cómico para ser cómplice de las políticas clientelares».

Desde Presidencia admitieron la «perplejidad» en el PP ante la actitud de la oposición durante la puesta en marcha de la comisión de investigación. «Tras la votación, había que decidir el plan de trabajo de la comisión, y nadie ha dicho nada», señalaron ayer en una crítica a una oposición que, a su vez, censuró que el pleno de ayer se iniciara sin ningún diputados de PSPV, Compromís y EU, que en ese momento informaban a los medios sobre el arranque de la comisión de investigación.