La decisión del Tribunal Supremo de citar a declarar a la exalcaldesa Rita Barberá por un supuesto delito de blanqueo de capitales ha sido un jarro de agua fría para los 48 concejales, exconcejales, asesores y exasesores del PP del Ayuntamiento de Valencia investigados por la misma causa. Esta decisión supone la reactivación de la investigación en Valencia, es un espaldarazo a la labor del juez instructor y aprieta la soga un poco más al cuello de todos ellos, metafóricamente hablando. Especial repercusión tiene en los nueve concejales, de un total de diez, que componen el actual Grupo Popular, que habían fijado sus esperanzas de salvación en el dictamen, generalmente muy exigente, del alto tribunal.
A efectos prácticos, la «investigación» de Rita Barberá tiene un doble efecto sobre el Grupo Popular de Valencia. El primero es jurídico. Si el Supremo decidía investigar a la exalcaldesa, estaba ratificando la investigación del resto de compañeros de partido, acusados exactamente del mismo delito: dar mil euros para la campaña electoral y recuperarlos en dos billetes de 500 euros procedentes de comisiones ilegales. Blanqueo de capitales.
Y si el Supremo decidía que no había causa para investigar a Barberá, estaría mostrando el camino de la desimputación al magistrado valenciano. El propio juez rechazó peticiones de sobreseimiento de algunos concejales por entender que eran extemporáneas. Faltaba terminar la investigación y, entre otras cosas, conocer el dictamen del Supremo.
Ayer, algunos de los concejales en activo reconocían que habían puesto muchas esperanzas en este dictamen del Supremo y no ocultaban su decepción.
La parte positiva de todo ello es, según dijeron, que esto desatasca la investigación y la pone de nuevo en marcha, lo que significa acortar los tiempos y acelerar el proceso. Es en ese momento cuando pedirán unánimemente el sobreseimiento de la causa y esperan que el resultado sea positivo.
Repercusión política
La decisión del Supremo también tiene un efecto político, aunque menor. Para la alcaldesa Rita Barberá será difícil soportar la presión teniendo en cuenta que está por medio el acuerdo de legislatura del PP con Ciudadanos. Y para ellos es confirmar el expediente abierto por el partido y la suspensión cautelar de militancia, que les obliga a seguir en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia como independientes. Es más, puede acelerar ese expediente y producirse una expulsión definitiva del partido, lo que les obligaría a seguir dentro del grupo de los no adscritos.
Y es que a pesar de todos estos vaivenes judiciales, su actitud ante el caso no cambia demasiado. Ayer ratificaron su unidad y su disposición a no entregar las actas hasta que no haya una decisión firme sobre su causa, decisión que podría ser, según marcan los estatutos del partido, la apertura de juicio oral. El convencimiento de su inocencia es pleno, dicen. «Si fuéramos una falla, nadie hablaría de esto», afirman.
