Responsables de Imelsa, empresa pública de la Diputación de Valencia, defendieron ayer ante el juez que el contrato del Call Center, adjudicado en 2013 por unos dos millones de euros, cumplía con todos los requisitos legales y se tramitó de forma correcta. En concreto, en esta jornada han declarado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, en calidad de investigados, Enrique Grau, director del área jurídica de Imelsa; Manuel López Montoliu, jefe de unidad de procesos masivos tributarios; Salvador Deusa, jefe de sección de evaluación y planificación; y Ricardo Francisco Ángel, jefe de servicio de recaudación tributaria.

Estas cuatro personas han tenido que declarar por la piezas que investiga el presunto amaño en la adjudicación del contrato del centro de atención telefónica. Hay una docena de investigados, entre ellos, el exlíder del PP de Valencia Alfonso Rus, por delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación pública, cohecho y falsedad documental.