Choque de versiones entre las dos únicas imputadas, por ahora, por el presunto delito electoral que podría haber cometido el Partido Popular de Valencia en las elecciones de 2011 y 2015. La exsecretaria del grupo municipal del PP, Mari Carmen García-Fuster, justificó un control absoluto de las cuentas electorales municipales por parte del partido que la gerente y administradora provincial de la candidatura, Montserrat Tello, negó de forma tajante, según explican a este diario fuentes conocedoras de las declaraciones. Ambas estaban citadas ayer para declarar ante el juez del Caso Taula y someterse, por primera vez, a un interrogatorio sobre el presunto delito electoral. García-Fuster ya declaró en abril pero sólo en relación al supuesto pitufeo o blanqueo de dinero en pequeñas cantidades supuestamente cometido por medio centenar de concejales y asesores.

La «cajera» del PP de Valencia y alter ego de la exalcaldesa, Rita Barberá, sólo accedió a responder a las preguntas de su abogado. Una estrategia de defensa que, según fuentes jurídicas, es «como negarse a declarar», porque no aceptó someterse al interrogatorio del juez o el fiscal anticorrupción. García-Fuster declaró que el partido conocía la existencia de una cuenta del grupo municipal popular abierta en el Banco Sabadell (opaca al Tribunal de Cuentas). También añadió que el Partido Popular conocía el detalle de los gastos de las campañas electorales en entredicho porque «remitíamos todas las facturas de gastos electorales a través de un mensajero a la sede del partido en la calle Quart de Valencia».

Sobre quién tomaba las decisiones durante las campañas electorales en el PP de Valencia, García-Fuster sí declaró que fue el exvicealcalde Alfonso Grau el máximo responsable en 2011. Y que en 2015, debido a la dimisión de Grau tras su imputación en el caso Nóos, la responsabilidad se repartió entre varias personas aunque no quiso decir quiénes eran, según fuentes presentes en la declaración.

Por el contrario, la gerente del PP en 2015 y administradora provincial del PP en las elecciones municipales de 2015, Montserrat Tello, siguió la línea abierta por el representante del Partido Popular en mayo, al desmarcarse de las cuentas internas del grupo municipal popular y desconocer tanto la existencia de la cuenta opaca como de los gastos electorales del PP de Valencia ciudad durante la última campaña municipal, con Rita Barberá como candidata.

Tello respondió con un rotundo «es mentira» al ser interrogada sobre las facturas de gastos electorales que García-Fuster acababa de asegurar que enviaba a la calle Quart. Un detalle que sorprendió a los letrados de las defensas ya que resulta extraño que el partido en la principal ciudad de la provincia no remitiera facturas y gastos sin que la formación lo reclamara.

La gerente del PP explicó que el partido abría una cuenta, auditada por el Tribunal de Cuentas, con el dinero legalmente previsto para la campaña electoral. «El PP transfería el dinero, porque la campaña electoral se abre con un ingreso del partido y de ahí se iba gastando».

De hecho, la gerente del PP también desmontó con su declaración el principal argumento de los concejales populares de que en 2015 «no había dinero para la campaña electoral y se decidió recaudar las aportaciones de mil euros por concejal y asesor». Según Tello, el partido no fue informado de esta especie de «colecta» con fines electorales.

Y, por supuesto, también desconocía las donaciones «anónimas» que García-Fuster admitió que aceptaba el PP de Valencia ciudad. Un total de 317.050 euros desde 2002 hasta el año 2014 que se encargaba de recoger un «recaudador» que Mari Carmen García-Fuster también se negó a identificar en su primera declaración. De hecho, tal como declaró el representante del PP en mayo, «las donaciones anónimas al partido estaban prohibidas».