El Consell destinará a fines sociales los pisos comprados con el saqueo del caso Blasco

La Generalitat reclama los tres inmuebles adquiridos con el desvío de ayudas para el Tercer Mundo

13.09.2016 | 02:24
El Consell destinará a fines sociales los pisos comprados con el saqueo del caso Blasco

«Ahora prima el interés general y no el de unos desalmados», proclama Oltra.

El Consell ya ha decidido a qué quiere destinar los inmuebles que se adquirieron con el desvío de fondos del Tercer Mundo: a fines sociales. El Ejecutivo que lidera Ximo Puig ha dado su visto bueno a que la Abogacía de la Generalitat solicite al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana la adjudicación de los pisos que fueron pagados con ese desvío de fondos dentro del caso Blasco. Así lo detalló ayer la vicepresidenta y titular de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, quien resaltó que estas propiedades se destinarán «a políticas sociales y a colectivos vulnerables».

De esta forma, el actual Consell busca «dejar de lado el pasado de saqueo y de falta de escrúpulos», de modo que «lo que ha sido un símbolo del gobierno antiguo y de la corrupción política se convierta en un símbolo de las cosas que se pueden hacer cuando no se desvía dinero». Oltra insistió en que se destinarán «al interés general y no al interés de unos desalmados que tenían de todo menos vergüenza». Además, manifestó que de esta forma cumplen «un objetivo» del Gobierno valenciano, que se comprometió a «recuperar hasta el último céntimo de todo lo robado».

El objetivo es dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia del caso Cooperación en la que, con independencia de las condenas de carácter penal, se determina una responsabilidad civil por importe de 1.623.840 euros. Para hacer efectiva esta cantidad, el juez embargó cuatro inmuebles propiedad de la Fundación Cyes, que fueron adquiridos por esta entidad con las subvenciones de la Generalitat declaradas fraudulentas y de las que únicamente llegaron a su destino (Nicaragua) 43.000 euros. En concreto, los 1,6 millones malversados se invirtieron en un garaje y tres inmuebles en Valencia, que se sacaron a pública subasta. Pero ninguno de los inmuebles se pudo adjudicar porque las mejores ofertas que se presentaron quedaron muy por debajo del precio fijado en la tasación judicial.

Así, por uno de los pisos se ofrecieron 30.000 euros (el 10% del precio de licitación, que ascendía a 290.634 euros). Por otro de los pisos se llegaron a ofrecer 25.000 euros (el 13% del precio de licitación, 179.124 euros). Y por el tercero de los inmuebles se ofrecieron 21.000 euros (el 21% del precio de licitación, que se cifra en 97.042 euros).

En total, se ofrecieron 76.000 euros por los tres inmuebles, cuando el precio de licitación de los mismos sumaba 566.800 euros. Únicamente en el caso del garaje se adjudicó a la mejor oferta, 8.200 euros, frente a un precio de licitación de 13.500 euros.

Respecto a los otros tres inmuebles, la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que, cuando la autoridad judicial deniega la aprobación del remate, el acreedor (en este caso, la Generalitat) podrá pedir la adjudicación por el 50% del valor por el que el bien hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos.

Durante su comparencia de ayer, Oltra también valoró la actualización de los acuerdos que se alcanzaron en el Pacte del Botànic, y que permitieron formar un gobierno de izquierdas 20 años después. En concreto, la vicepresidenta admitió que han recibido la propuesta de Podemos para revisar el pacto, pero matizó que corresponde a la formación morada convocar la reunión.

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