La mitad de los empleados públicos del Consell se jubilarán en menos de diez años

Puig recibe un borrador con propuestas para la nueva ley de la Función Pública - Alerta de la inestabilidad con un tercio de personal sin plaza y una plantilla envejecida y pide suprimir cargos a dedo

08.09.2016 | 00:24
La mitad de los empleados públicos del Consell se jubilarán en menos de diez años

El Ejecutivo prepara una vía extraordinaria para la regularización de 5.500 interinos.

Expertos para la reforma de la ley valenciana de función pública han propuesto que la nueva legislación incluya medidas de protección de los funcionarios que alerten de posibles corruptelas en la administración donde trabajan, y que se reduzcan al máximo los puestos de confianza y de libre designación, conforme figura en el documento que fue presentado ayer. Potenciar la igualdad real de oportunidades, con ayudas o becas para que puedan preparar una oposición personas que carecen de medios económicos pero tienen méritos suficientes para hacerlo, o garantizar la igualdad de trato entre hombres y mujeres en toda la carrera profesional, son otras propuestas.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, recibieron ayer en el Palau las más de 125 propuestas que las comisiones de expertos, integradas por profesores universitarios, funcionarios y representantes sindicales, han elaborado. El compromiso es que antes de que finalice el año se lleve al Consell el anteproyecto de Ley de Función Pública, para que en primavera pueda llegar a las Cortes Valencianas para su debate y aprobación y así poder combatir cuestiones como la interinidad o el envejecimiento del funcionariado de la administración autonómica.

El titular de la Generalitat defendió la necesidad de una nueva ley que permita contar con una función pública moderna, del siglo XXI, que sea más útil, permita prestar un mejor servicio al ciudadano y en la que es importante que se reconozca que todos tengan acceso en igualdad de condiciones. Puig adelantó que la nueva ley afectará también el sector instrumental de la Generalitat, para acabar con el «paradigma de los chiringuitos» y reconoció que, tras el éxito que supuso el autogobierno, la administración valenciana necesita ahora una «puesta a punto». Recordó, de hecho, que un tercio del funcionariado es interino, con alto nivel de envejecimiento –en una década se jubilará la mitad– y la Comunidad cuenta con menos funcionarios por habitante que el resto de autonomías.

La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, admitió ayer la intención del Ejecutivo que comparten los socialistas y Compromís de poner en marcha un proceso extraordinario que permita regularizar la situación de los más de 5.000 interinos que trabajan en la Administración. El objetivo es reducir la precariedad de la plantilla donde uno de cada tres empleados son interinos o temporales. La vía de un proceso diferenciado que facilite la consolidación del empleo a este colectivo, es decir, que los convierta en funcionarios fijos, forma parte de las más de un centenar de propuestas de los expertos a los que la conselleria encargó un informe sobre la situación de la Función Pública valenciana. El documento, que servirá de base para la reforma de la ley de la función pública, fue presentado ayer en un acto en el Palau. El informe de los «sabios» supone un revés a la gestión de personal de la etapa popular, pero también es un toque de atención para los actuales gestores que tienen en sus manos enmendar males del pasado. Bravo hizo ayer suya la sugerencia y manifestó que se estudiará. Eso sí, fue cauta al reconocer los problemas jurídicos de estos procesos, declarados nulos en otras comunidades.

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