El juez de Taula estrecha el cerco sobre Barberá: imputa a su número 2 por delito electoral

Investigarán a Alfonso Grau en la pieza por el supuesto blanqueo de dinero en la financiación del PP de Valencia

07.09.2016 | 01:00
El juez de Taula estrecha el cerco sobre Barberá: imputa a su número 2 por delito electoral

El juez que instruye el caso Imelsa ha citado a declarar el próximo día 19 como investigado, antes imputado, al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, –número dos de Rita Barberá– por delito electoral en la pieza separada que investiga también un supuesto blanqueo por la financiación del PP de Valencia. Según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el juez también cita como investigados por supuestos pagos irregulares en las elecciones de 2011 al exgerente del PP provincial Antonio Moscardó, y al exalcalde de la localidad de Moncada y antiguo vicepresidente con Alfonso Rus de la Diputación de Valencia, Juan José Medina. Ambos, según el comunicado del TSJ, figuran como autorizados en la cuenta bancaria que investiga el juzgado por no estar sometida a fiscalización.

Alfonso Grau, mano derecha de Rita Barberá y dimitido tras su imputación en Nóos, procedimiento ya visto para sentencia, deberá comparecer ante el juez el día 19 de septiembre, al igual que Medina y Moscardó. En la providencia, notificada ayer mismo a las partes, el titular del juzgado de Instrucción número 18 también llama a declarar como investigado a un exasesor municipal que figura como titular de otra cuenta bancaria en la que el partido ingresaba dinero procedente de la lotería de Navidad. La providencia se ha conocido horas después de que acudiera a declarar como investigada en esta misma pieza la exsecretaria del grupo municipal del PP de Valencia Carmen García Fuster y la gerente provincial del partido, Montserrat Tello, quienes se contradijeron en su declaración sobre si el PP conocía la cuenta a la que se hacían donaciones.

García-Fuster declaró que los gastos electorales que pagaba directamente el grupo municipal se los comunicaba a la dirección provincial de su partido en Valencia, mientras que Tello por contra negó que la formación política tuviera conocimiento de esa cuenta opaca. En el auto por el que el magistrado acordó en julio ampliar al delito electoral la pieza separada en la que se investigaba el blanqueo de capitales, considera que existen indicios de que el PP del Ayuntamiento de Valencia, en «ejecución de un plan preconcebido», cargó gastos electorales en las campañas de 2011 y 2015 a una cuenta bancaria, gestionada por García Fuster y «carente de fiscalización y reflejo en la contabilidad del PP».

Añade que de las diligencias practicadas hasta el momento, existe una «aparente infracción tanto de la normativa aplicable en materia de financiación de partidos políticos como de régimen local». El instructor entiende que «resulta razonable que la investigación y la imputación se proyecte, de inicio, tanto sobre los administradores electorales como sobre aquellas personas que respecto de la cuenta bancaria y sus fondos tenían capacidad de decisión o disposición». Estos últimos, que habrían participado en la comisión del mencionado delito «con actos conscientes de colaboración», tendrían la consideración de cooperadores necesarios y, según el TSJ, el delito electoral no puede imputarse al Partido Popular como persona jurídica. La izquierda –Compromís y Socialistas– creen que la posición de la senadora Barberá es ya «insostenible».

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