El bloqueo institucional que se vive en España ha terminado por marcar el arranque del curso político en la Comunidad con la «oferta» del PP para que la izquierda valenciana entregue su voto a Mariano Rajoy a cambio de dinero. Puro mercantilismo. Ni un ápice de política. Durante un acto en Castellón, Isabel Bonig, líder regional de los populares, volvió a reiterar ayer su oferta a los siete diputados del PSPV y a los cuatro de Compromís en Madrid -suman once, justo la cifra de abstenciones que necesita Rajoy- para que faciliten la investidura del candidato del PP bajo la amenaza de que la Comunidad se pueda quedar sin financiación, sin el dinero que recibe del rescate e, incluso, sin fondos de los presupuestos generales del Estado, como ayer sugirieron desde las filas populares.

La izquierda rechaza de plano el «chantaje», como así califican desde el PSPV y Compromís la propuesta del PP que tiene el aval, especialmente, de grupos de empresarios de Valencia. Pero lo cierto, como reconocieron dirigentes de las dos fuerzas que comparten el gobierno del Consell y los principales municipios de la Comunidad, es que la advertencia de los populares ha despertado una importante preocupación. Son tres pilares básicos para el funcionamiento de la administración autonómica. La mejora de la financiación es clave para el actual gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra. El expolio del Estado a las arcas autonómicas, como reconocen hasta los propios empresarios, es de unos 1.300 millones anuales sólo con esa parte de la tarta. En la última sesión de investidura, Rajoy ya reconoció que no se trata de una prioridad y dejó en el aire la fecha para cambiar un modelo que lleva casi tres años caducado.

Sin la mejora de la financiación, la Generalitat vive pendiente de los envíos del rescate -disfrazado bajo el eufemístico nombre de Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)- en función del criterio del Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro. Los populares ya han deslizado que la incertidumbre en Madrid pondría en peligro, de salida, la llegada, al menos de momento, de unos 400 millones procedentes de ese fondo. La situación de la Comunidad Valenciana es límite. Hasta el punto de que sin el dinero del Fondo de Liquidez, el Consell tiene casi imposible hacer frente a sus obligaciones del «día a día». Sin las cantidades del rescate, la Generalitat estaría en riesgo de impago. Un escenario que preocupa en el Ejecutivo de los socialistas y Compromís en tanto que, hasta ahora, esa situación sí está controlada.

Sin financiación y sin rescate, la oferta desesperada del PP para «rascar» en la Comunidad los votos que le faltan a Rajoy y, de paso, intentar minar a la izquierda valenciana, puso ayer encima de la mesa la tercera pata del problema de la relación entre la Generalitat y el Gobierno de Madrid: el presupuesto del Estado. Los cálculos de la Cámara de Contratistas de la Comunidad apuntan que el Consell puede haber perdido unos 10.000 millones en inversiones durante los últimos años al recibir menos dinero del que le toca en función de su población y de su peso en el conjunto de España. «La Comunidad Valenciana se verá afectada si no hay Gobierno y si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado», lanzó Bonig ayer en una intervención que afecta a la estabilidad del Consell.