«Se necesitan más manos para desatascar la gestión». La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, puso voz oficial a esta queja generalizada en todas las consellerias antes de vacaciones y en julio anunció un acuerdo que abre la puerta a la contratación de personal temporal y nombramiento de funcionarios interinos después de años de serias restricciones en personal marcadas por la ley de presupuestos. Abierta la puerta, las consellerias han comenzado a moverse y sus respectivas subsecretarías han enviado solicitudes a la Conselleria de Hacienda para que les autorice el fichaje de interinos. El departamento que dirige Vicente Soler tiene una difícil papeleta porque gestionar la respuesta es delicado. Ningún conseller quiere perder la oportunidad de contar con más refuerzos para su gestión, pero atender las peticiones de todos aboca a Hacienda a una previsión de gasto difícil de justificar ante Madrid. De hecho, el Ministerio de Hacienda aprieta a su vez al Consell para que se ajuste a los rigores de la ley de estabilidad presupuestaria, unas exigencias que encajan mal con la decisión de incrementar la nómina de trabajadores de la Generalitat.
En principo, la autorización se centraba en sectores estratégicos y prioritarios vinculados a los servicios públicos fundamentales, es decir, sanidad, educación y servicios sociales esenciales. Hasta aquí ningún problema porque la ley de presupuestos contempla nuevos contratos en las áreas sociales, al entender que las vacantes deben cubrirse para garantizar la prestación de servicios públicos. Sin embargo, la letra pequeña abre mucho más la puerta al incluir otro tipo de funciones susceptibles de declararse de «emergencia ciudadana».
